Una jueza federal de Chicago suspendió este jueves de manera temporal el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, ordenado por la Administración Trump para reforzar las redadas migratorias en el estado, tras el envío de 200 soldados de Texas a Chicago hace dos días. La magistrada April M. Perry declaró que emitirá una orden de restricción que prohíbe la movilización de las tropas en Illinois, pues no existen 'pruebas creíbles' de un riesgo de 'rebelión', argumento utilizado por el Departamento de Justicia (DOJ) para justificar el despliegue.
La audiencia judicial, que duró unas seis horas con dos descansos, contó con extensas intervenciones del Fiscal y del gobierno federal, que propuso a la Guardia Nacional proteger a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago durante la llamada operación Midway Blitz. La jueza advirtió que permitir el despliegue en lugares como el centro de detención de Broadview solo agravaría la confrontación y consideró poco confiables las evaluaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La petición para bloquear la movilización fue presentada por la administración estatal demócrata de Illinois y fue resistida públicamente por el presidente Donald Trump. Tras la decisión judicial, el gobernador J.B. Pritzker escribió en X (antes Twitter): 'Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley. Hoy, un tribunal confirmó lo que todos ya sabíamos'.
Durante la audiencia, Christopher Wells, abogado de la Fiscalía de Illinois, acusó a la administración Trump de tergiversar y exagerar la situación en Illinois y cuestionó la autoridad del presidente para desplegar tropas de la Guardia Nacional de Texas. Afirmó que esta movilización causa 'daños irreparables' y describió las acciones de Trump como ilegales, aunque reconoció que algunos manifestantes actúan de manera deplorable.
Por su parte, Eric Hamilton, representante del DOJ, señaló que el tribunal no necesita decidir si hay una rebelión en curso, sino solo si existe un riesgo potencial. Los fiscales indicaron que apelarán la decisión y que la jueza Perry, que fue nombrada por el expresidente Joe Biden, solicitó más tiempo para emitir un fallo definitivo.
En la audiencia, la jueza preguntó si las tropas podrían movilizarse en barrios o zonas escolares, a lo que Hamilton respondió que sí, si fuera necesario para combatir la delincuencia, con ciertos límites. Además, un grupo de ex altos oficiales del Ejército y la Armada entregó un documento en el que alertan de los riesgos implícitos en estos despliegues militares y advierten sobre una posible politización de las fuerzas armadas.
El día anterior, un juez federal en Chicago emitió limitaciones al poder del ICE para realizar arrestos sin orden judicial, respaldando a una demanda colectiva que denunciaba extralimitaciones por parte de la Patrulla Fronteriza en casos específicos.
Para aumentar la tensión, el gobernador Pritzker ordenó una investigación sobre una redada reciente del ICE en un complejo de Chicago, tras informes de que en la operación habrían sido detenidos ciudadanos estadounidenses y niños, lo que ha profundizado la confrontación entre la administración federal y el gobierno de Illinois.
