Una jueza estadounidense dictó el miércoles una orden que obliga al presidente Donald Trump a detener los despidos masivos de empleados federales durante el cierre del gobierno. La medida surge tras la afirmación de la Casa Blanca de que planeaba despedir a unos 10 mil trabajadores públicos.
El cierre del gobierno, en su tercera semana, ha paralizado actividades públicas debido a un enfrentamiento en el Congreso sobre el presupuesto, mientras Trump cumple su amenaza de reducir significativamente la fuerza laboral federal.
La jueza de distrito Susan Illston, en San Francisco, emitió la orden de restricción temporal en respuesta a una denuncia presentada por sindicatos, que argumentan que los despidos son ilegales. Además, algunos empleados no estaban enterados de sus despidos, ya que los avisos se enviaron a cuentas de correo electrónico institucional inaccesibles durante el cierre.
En la orden de siete páginas, Illston señaló que los sindicatos reportaron que empleados, incluyendo mujeres embarazadas, temen que sus seguros de salud puedan verse afectados, y que actualmente no hay personal disponible en recursos humanos para responder consultas.
La magistrada agregó que aquellos que han recibido avisos de despido no pueden prepararse para su salida laboral, dado que el personal de recursos humanos suspendido también está ausente.
Por su parte, Russ Vought, jefe de presupuesto de la Casa Blanca, estimó en una entrevista que los despidos podrían superar los 10 mil, buscando reducir la burocracia de forma agresiva.
Documentos judiciales del Departamento de Justicia indicaron que más de 4 mil empleados fueron despedidos el viernes pasado, principalmente en los departamentos de Tesoro, Salud, Educación y Vivienda, y que aún habría más despidos en camino.
Esta decisión judicial ocurrió mientras el Senado fallaba por novena ocasión en aprobar un proyecto de ley de financiamiento que ya había sido respaldado previamente por la Cámara de Representantes y apoyado por los republicanos.
Trump ha advertido que si los demócratas continúan negándose a apoyar la resolución, intensificaría los despidos selectivos de trabajadores considerados aliados del partido opuesto.
