La Justicia argentina inició un proceso contra el expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por supuestos actos de corrupción durante su administración, relacionados con la contratación de seguros estatales que presuntamente beneficiaron al esposo de su secretaria privada.
El juez Sebastián Casanello imputó a Fernández por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, pena que en Argentina puede implicar prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Además del exmandatario, 33 personas más fueron procesadas.
El fallo detalla que Héctor Martínez Sosa, bróker de seguros y esposo de María Cantero, asistente privada de Fernández, fue favorecido mediante un decreto de 2021 firmado por el exmandatario, que ordenaba a las entidades públicas contratar seguros con Nación Seguros, filial del Banco Nación.
Por esta razón, el juez Casanello embargó a Fernández por más de 14 mil millones de pesos (aproximadamente 11.6 millones de dólares). También quedaron procesados María Cantero por negociaciones incompatibles e incumplimiento de sus deberes, Héctor Martínez Sosa como partícipe en dichas negociaciones, y Alberto Pagliano, exjefe de Nación Seguros, por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.
En febrero de 2024, la fiscalía federal, a cargo de Ramiro González, imputó a Fernández tras una denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, acusándolo de violar deberes de funcionario, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos.
La denuncia señala irregularidades en el decreto 831 de diciembre de 2021, en el que Fernández ordenó que todos los organismos públicos contrataran seguros con Nación Seguros, señalando que personas vinculadas al exmandatario habrían obtenido comisiones millonarias mediante intermediarios.
