La Justicia de Salta autorizó que una joven japonesa de 23 años y su bebé de cuatro meses puedan salir del país y radicarse en Japón, tras denunciar a su ex pareja, M. L., por violencia de género, trata de personas y abusos en su contra. La resolución fue emitida el 10 de febrero por el Juzgado de Personas y Familia de la 4ª Nominación, bajo la firma de la jueza María Mercedes Cabrera, quien consideró que dicha medida garantizaría la seguridad y el interés superior del menor.
El fallo responde a la evidencia de una situación de vulnerabilidad extrema para la víctima, que arribó embarazada a Salta desde Japón y quedó aislada sin red de apoyo ni dominio del idioma local. Además, se remarcó que las acciones previas no habían detenido la violencia persistente del acusado, quien continúa detenido y procesado por delitos de violencia de género, trata y delitos económicos.
Organismos de protección de derechos, incluido el Polo Integral de la Mujer, documentaron casos de explotación económica, amenazas, agresiones, abusos sexuales y violencia física en presencia del menor, lo que fue considerado un riesgo grave para la vida de la joven y su bebé. La mujer permanecía en un domicilio neutral en espera de fondos desde Japón, gestionados por su familia, para regresar a Ichikawa. El abuelo materno asumirá los costos de pasajes y ya se tramitan DNI y pasaporte del niño para facilitar la salida.
Por otra parte, la sentencia establece que las costas del proceso corren a cargo del acusado, en reconocimiento de su papel en el contexto de violencia y abusos frente a los que la víctima estuvo expuesta. La intervención de organismos judiciales y de protección, que destacaron la inviabilidad de mantener a la joven en Salta por la falta de red social y la persistencia de hechos de violencia, fue clave en la decisión.
El caso cobró mayor visibilidad a partir de una denuncia formal y la intervención de organizaciones de defensa, lo que permitió a la víctima acceder a protección oficial. La situación fue que la joven fue atraída a Argentina por su pareja, quien la convenció de que naciera en el país para acceder a atención sanitaria gratuita. Sin embargo, los maltratos comenzaron rápidamente tras su llegada y se intensificaron en presencia de su bebé.
El proceso judicial y la protección ofrecida representan una oportunidad para que la víctima rehaga su vida lejos del miedo, en un contexto donde la justicia priorizó su seguridad y bienestar, además del interés superior del menor, en línea con los estándares internacionales de protección infantil y derechos humanos.
