El juzgado 66 administrativo del circuito de Bogotá respaldó el incidente de desacato promovido por la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez contra el presidente Gustavo Petro, debido a que este no ha cumplido con dos órdenes judiciales que le exigían una retractación pública por publicaciones realizadas en agosto de 2025. La decisión se basa en que el mandatario no ha atendido en su totalidad las resoluciones que le solicitaban rectificar expresamente ciertos mensajes en redes sociales.
El proceso judicial se originó a partir de publicaciones de Petro en su cuenta de X, donde hizo declaraciones que fueron posteriormente protegidas mediante tutela por vulneración a derechos fundamentales. En dos ocasiones, las autoridades ordenaron al presidente retractarse públicamente, instrucciones que, según el juzgado, no han sido completamente cumplidas.
Víctor Mosquera Marín, abogado de Ramírez, afirmó que se ha constatado un incumplimiento de la orden judicial, argumentando que las publicaciones del mandatario carecían de sustento y dañaron la reputación de su clienta. La exvicepresidenta había solicitado una rectificación pública en redes sociales, tras que en octubre de 2025 el mismo juzgado ordenara a Petro aclarar que vinculó a Ramírez con 'socios comerciales' de un 'narcotraficante y paramilitar', en una publicación que alcanzó cerca de 263,000 visualizaciones y generó reacciones que, según se afirmó, interpretaron literalmente dichas afirmaciones, afectando su imagen.
El juzgado, en su resolución más reciente, concluyó que no se ha dado cumplimiento íntegro a la orden de tutela, por lo que avaló el incidente de desacato y ordenó remitir copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, para que evalúe posibles investigaciones disciplinares o penales contra el mandatario por su incumplimiento.
Asimismo, se notificó al presidente Petro para que, en un plazo de dos días, explique las razones de dicho incumplimiento, en un proceso que busca garantizar el respeto a las decisiones judiciales y la protección del buen nombre de Ramírez. Mosquera Marín expresó su satisfacción con la decisión judicial, destacando que refuerza la importancia de cumplir con las órdenes judiciales y proteger los derechos fundamentales.
El incidente de desacato es un mecanismo legal destinado a asegurar la ejecución efectiva de fallos judiciales, y en este caso, sirve para evidenciar el cumplimiento de las órdenes relacionadas con la expresidenta, en medio de un contexto de tensión por las declaraciones públicas y sus repercusiones legales.
