Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha obtenido victorias en primera instancia para detener la venta de comida chatarra en escuelas públicas y privadas, diversos juzgados y tribunales federales en México siguen autorizando este comercio en cafeterías de al menos tres universidades particulares.
Un análisis realizado por El Sol de México reveló que la Universidad Panamericana cuenta con el respaldo de un tribunal colegiado que permite la venta de estos productos. Lo mismo ocurre con las cafeterías Maison Kayser, que gozan de concesiones o permisos dentro de la Universidad Iberoamericana y del Tecnológico de Monterrey.
Maison Kayser logró obtener una suspensión judicial para no aplicar las nuevas reglas que entraron en vigor el 29 de marzo, permitiéndoles vender sus productos a estudiantes mayores de edad. La suspensión fue confirmada por un tribunal colegiado, cuyos magistrados señalaron que en los centros educativos que combinan niveles de educación media superior y superior, la responsabilidad de tomar medidas para cumplir la normativa recae en quienes comercializan los productos.
Al conceder estas suspensiones, los jueces argumentaron que limitar la venta y distribución de ciertos alimentos en universidades no sería la medida más adecuada, dado que la mayoría de los estudiantes en estos niveles son adultos, quienes no están protegidos por una tutela especial del Estado.
En el caso de las universidades Del Valle de México (UVM) y Tecnológica de México (Unitec), aunque inicialmente se les otorgaron suspensiones provisionales, ambas instituciones decidieron desistirse de sus recursos legales en la Ciudad de México.
Por otro lado, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) promovió un amparo desde principios de año, pero este fue desechado el 26 de junio, aunque la resolución aún puede ser impugnada ante un tribunal colegiado.
Finalmente, la SEP informó este martes que ha obtenido cinco resoluciones judiciales favorables en recursos legales contra intentos de otras empresas y instituciones, incluyendo a Coca-Cola, dos de sus filiales, una cámara de comercio y una universidad particular, con el objetivo de mantener la prohibición de venta de comida chatarra en centros educativos.
