La diputada Katherine Miranda cuestionó las recientes decisiones del presidente Gustavo Petro de remover a altos oficiales de la Policía Nacional, acusándolas de estar motivadas por represalias relacionadas con la captura de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, ocurrida en julio de 2024, y con la incautación de pruebas que implicarían vínculos del Gobierno con grupos criminales. Miranda, que aspira al Senado, afirmó que la destitución del general Edwin Urrego Pedraza y del coronel Óscar Miguel Moreno no fue fortuita, sino una respuesta a investigaciones y operativos que judicializaron a estas autoridades por su participación en acciones contra la estructura criminal.
Según la congresista, la salida del general Urrego y la llamada a calificar servicios del coronel Moreno, se sustentan en informes anónimos y supuestos complots, en medio de una controversia que ha puesto en entredicho la transparencia del Gobierno Petro. Miranda cuestionó además la falta de acciones contra estructuras de alias Calarcá, las supuestas negociaciones entre el Ejecutivo y disidencias y la versión inicial sobre muertos en combate, que posteriormente fueron reportados por Medicina Legal con tiros de gracia.
La controversia se intensifica tras conocerse que la remoción del general Urrego se produjo tras un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia que alertaba sobre un plan para introducir narcóticos en el vehículo presidencial con fines de desprestigio, presuntamente para afectar la imagen del mandatario antes de una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca en febrero. La información, sostenida en un correo anónimo y en un informe considerado escueto y sin pruebas contundentes, fue cuestionada por el propio abogado mencionado, quien negó su participación y advirtió sobre una posible suplantación de identidad.
El oficial removido, hasta entonces comandante en Barranquilla y condecorado por el propio Petro con la Cruz de Boyacá, negó las acusaciones y calificó las decisiones como una 'cuenta de cobro política', solicitando una investigación sobre el origen de la información. Además, otros altos oficiales y miembros de la oposición criticaron las destituciones, argumentando que se basaron en informes anónimos sin procesos judiciales, lo que genera inquietud sobre la estabilidad institucional de las fuerzas armadas y la policía.
Las acciones del Gobierno, que también han afectado el prestigio de los oficiales involucrados en operativos contra alias Calarcá, coinciden con declaraciones de Miranda, quien denuncia que estas decisiones evidencian una presunta presión desde el Ejecutivo para proteger vínculos con estructuras criminales y aparentan ser una represalia política. Mientras tanto, sectores del oficialismo defienden la medida, asegurando que buscan salvaguardar la seguridad presidencial y la institucionalidad del Estado.
