La reciente anulación del proceso penal contra Keiko Fujimori por parte del Tribunal Constitucional ha abierto la posibilidad de que la lideresa de Fuerza Popular inicie acciones legales contra el Poder Judicial, por su detención preliminar, y contra el fiscal José Domingo Pérez, por presunta difamación. Según explicó el abogado penalista Carlos Caro en conversación con Infobae Perú, Fujimori podría presentar una demanda por detención arbitraria y solicitar una indemnización, aunque el pago dependería de la aprobación del Congreso.
Caro destacó que la normativa peruana contempla la responsabilidad de los jueces ante detenciones ilegales, lo que permite a los afectados demandar al Estado peruano y al Poder Judicial. Sin embargo, advirtió que esta posibilidad requiere que el Congreso destine un presupuesto para pagarle a Fujimori, lo que dependerá de parlamentarios vinculados a su partido. "Teóricamente, Fujimori tiene derecho a demandar y podría incluso ganar, pero el dinero solo sería entregado si el Congreso habilita una partida para ello. Es incierto si ella lo hará dado su contexto político", comentó.
En relación a una posible denuncia contra José Domingo Pérez, Caro manifestó que esta podría hacerse a título personal, no como funcionario del Ministerio Público. "El fiscal puede argumentar que actuó en ejercicio de su libertad de expresión, lo cual sería su defensa", explicó.
Por su parte, Walter Palomino, abogado penalista y docente en la Universidad Científica del Sur, indicó que tanto Fuerza Popular como Keiko Fujimori, como partes afectadas, estarían en condiciones de solicitar la intervención de órganos de control interno, e incluso presentar denuncias por prevaricato o abuso de autoridad, considerando la gravedad del daño.
Caro precisó que la decisión del TC era previsible y coincidió con que la fiscalía basó su acusación en "actos de receptación", relacionados con una modificación legislativa de 2016, tras concluida la campaña presidencial. Para él, la ley penal no puede aplicarse retroactivamente, y el TC señaló que en julio de 2015 el fiscal intentó cambiar la imputación, pero los hechos permanecen igual: recepción de dinero de origen ilegal, acto que en su opinión, es atípico.
Sobre el desempeño del fiscal José Domingo Pérez en el Caso Cócteles, Caro afirmó que salió significativamente debilitado tras su actuación, sugiriendo que debería apartarse del caso. "Los abogados ya podrían pedir su exclusión y que otro fiscal asuma, dado que el TC no ordenó que el proceso se archive y Pérez ya no sería un fiscal objetivo en este contexto", puntualizó.
Palomino añadió que de la resolución del TC se puede inferir que José Domingo Pérez habría infringido reiteradamente principios como la objetividad, legalidad, congruencia procesal y derecho de defensa, alejándose del rol de defensor de la legalidad y el interés público.
El 2 de octubre de 2025, el Tribunal Constitucional anuló el proceso judicial que investigaba a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por presunto lavado de activos y organización criminal, en relación con aportes a campañas electorales de 2011 y 2016, marcando un giro en la acusación y la legalidad del proceso.
