La Secretaría de Marina (Semar) ha identificado y desinstalado más de 600 cámaras de vigilancia no autorizadas en los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito, en Baja California, durante el período de marzo de 2022 a la fecha. Estas videocámaras, instaladas en postes de luz y telefonía en la vía pública, son usadas por el crimen organizado como herramientas de halconeo para evitar la detección por parte de las fuerzas de seguridad y facilitar sus actividades ilícitas.
Según la Marina, estos sistemas no autorizados permiten a los grupos criminales monitorizar los movimientos de las autoridades, lo cual representa un impedimento a sus operaciones. La Secretaría de Marina enfatizó que la remoción de estas cámaras reduce significativamente las capacidades de los delincuentes para el tráfico de drogas y otros delitos, fortaleciendo la seguridad en la región.
