La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA), alertó que las modificaciones recientes a la Ley de Amparo, que entraron en vigor el pasado 17 de octubre, afectan sustancialmente la figura de suspensión en los juicios de amparo, particularmente en casos relacionados con la Unidad de Inteligencia Financiera y la prisión preventiva.
En un comunicado emitido el 20 de octubre, la BMA criticó que el artículo tercero transitorio del decreto, derivado de una "premisa inconstitucional", establezca la aplicación retroactiva de la ley, poniendo en riesgo derechos adquiridos previamente.
"La Barra Mexicana considera que ninguna reforma debe vulnerar el principio de progresividad de los derechos humanos, ya que estos deben ampliar, y no restringir, su protección hacia los ciudadanos", afirmó Ana María Kudisch Castelló, presidenta del organismo.
Asimismo, la organización advirtió que las reformas limitan una de las herramientas clave para la defensa ciudadana, la suspensión en los juicios de amparo, al imponer requisitos que dificultan su obtención y reducen las opciones de protección legal.
El posicionamiento de la BMA hace un llamado a las autoridades mexicanas a abandonar prácticas y estructuras incompatibles con los derechos humanos, y a impulsar reformas institucionales que garanticen el derecho a la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia.
Cabe recordar que la reforma fue aprobada en cuestión de horas, en menos de 24, por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, incluyendo al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al Partido del Trabajo (PT), durante la madrugada del 15 de octubre.
Tras la aprobación en el Senado, la modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 16 de octubre, entrando en vigor al día siguiente.
El periodista, con interés en derechos humanos y libertad de expresión, subraya la importancia de este posicionamiento institucional ante una reforma que podría limitar garantías fundamentales.