La soberanía, definida como 'el poder más alto en un determinado territorio', se entiende como 'el cuerpo político que nace del contrato social'. Es el principio fundamental del Estado, inherente al ordenamiento jurídico y sin un ente superior, aunque no por ello es absoluto o arbitrario.
El contrato social (CS) puede verse como una metodología de desarrollo y una meta intrínseca a la ciencia y el arte de gobernar. Surge de una comprensión básica del ser humano, que busca superar dificultades para vivir dignamente. Los gobernantes, legisladores y jueces prometen desde una 'cúspide' esperanza en la posibilidad de cumplir con esa meta, confiando en una fuerza innata que impulsa a la humanidad a buscar un destino mejor. Esta visión, muchas veces considerada una especie de 'fantasía humana' atribuida a la Divina Providencia, enfrenta sin embargo, obstáculos y sinsabores.
La práctica del contrato social tiene una notable eficacia, pero también muta en medio de las adversidades de la supervivencia, beneficiando a unos y perjudicando a otros, generando una percepción de desigualdad. Para algunos, especialmente desde perspectivas teológicas, este escenario es visto como 'el reino de Dios', una visión que parece interminable.
Imaginemos navegar ese vasto 'océano' de la soberanía, con la esperanza de mantener la ecuanimidad, siendo capitanes de un 'magnánimo vapor' que, sin exclusión, nos lleva en busca de estadios aceptables de bienestar físico, mental y social, en una palabra, dignidad. Sin embargo, la realidad actual se asemeja más a una pesadilla: las evidencias muestran un profundo malestar, y la soberanía, en lugar de ser un motor para el progreso, muchas veces alimenta olas gigantes que dificultan alcanzar un puerto seguro.
La soberanía, consagrada en declaraciones de independencia y en constituciones, en conjunto con el contrato social, forma una doble estructura que, en teoría, debe favorecer un buen gobierno y una democracia genuina. Pero en la práctica, hemos visto que esa fórmula niega su potencial, dejando a muchas democracias latinoamericanas como 'democracias de papel', caracterizadas por acciones temerarias y una acción política a menudo ineficaz.
En Latinoamérica, la situación varía. Argentina mantiene reuniones internacionales en busca de apoyo económico; Brasil enfrenta controversias políticas; Colombia experimenta tensiones internas; Chile muestra signos de cambio político; Perú y Ecuador enfrentan sus propias crisis; Bolivia lidia con incertidumbres políticas y económicas. La región en conjunto parece atrapada en un proceso de fragilidad democrática y de desconcierto, sin una orientación clara hacia un ejercicio competente de la soberanía.
Venezuela, por su parte, tras décadas de promesas de reformas sociales y desarrollo armónico mediante el ejercicio de la soberanía, se encuentra hoy en un escenario en el que las opiniones oscilan entre el optimismo y el pesimismo, ante problemas como reelecciones cuestionadas, burocratización, conflictos internos y luchas por el poder.
La Constitución de 1961, que en su preámbulo resaltaba principios de independencia, unidad, justicia social, participación ciudadana y cooperación internacional, fue durante décadas un marco que facilitó avances en diferentes ámbitos. Sin embargo, la percepción actual de la soberanía y la gobernabilidad ha cambiado, y las expectativas han sido reemplazadas por un reconocimiento de los obstáculos.
Quizá, como sugiere la reflexión, es momento de volver a los fundamentos: gobernabilidad, reglas para ejercer la soberanía, el desarrollo político, económico y social, la democracia efectiva, la institucionalidad, y la reducción de desigualdades y exclusiones sociales. La clave sería un 'contrato social' que, bien ejercido, permita hacer realidad la soberanía en beneficio de todos.
La mayoría de los optimistas aún confía en esa posibilidad, aunque la realidad actual nos dice que el camino es difícil y requiere un esfuerzo colectivo y constante.
