¿Sabías que en el Estado de México se están dando pasos decisivos para fortalecer la seguridad y la justicia? El 13 de enero de 2026, en Naucalpan, un cambio importante fue aprobado por las comisiones legislativas que podrían transformar la forma en que se combate la delincuencia.
Todo empezó cuando las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, junto con Seguridad Pública y Tránsito de la LXII Legislatura mexiquense, dieron luz verde a una iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. ¿El objetivo? Transformar el modelo de justicia local y capacitar a la Secretaría de Seguridad y las policías municipales para que participen activamente en la investigación de delitos. Pero aquí lo clave: siempre bajo la conducción del Ministerio Público.
¿Y qué significa esto en la práctica? La reunión, presidida por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, dejó claro que esta medida no llega en un vacío: armoniza la Constitución estatal con las leyes nacionales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, sienta las bases para una estrategia de seguridad coordinada y mucho más efectiva.
La opinión de los legisladores fue unánime: con este nuevo esquema se podrá reducir la impunidad y mejorar la eficiencia en las investigaciones. El diputado Octavio Martínez Vargas incluso reconoció que, aunque en algunos delitos ya hay una tendencia a la baja, es crucial mantener una comunicación constante con la Secretaría de Seguridad para monitorear casos específicos, como extorsiones o la percepción ciudadana.
Por su parte, la diputada Paola Jiménez Hernández resaltó que esta reforma no solo dota a las policías de herramientas de inteligencia, sino que también tiene candados estrictos para proteger los datos personales, evitando que delincuentes puedan acceder a información sensible.
¿Y la política? Desde los partidos PT y PRD, se subrayó que la violencia no tiene una sola causa, y que la fragmentación de esfuerzos históricos ha sido un obstáculo para la paz. El diputado Ernesto Santillán Ramírez mencionó que ahora se apoya una visión más global, dejando atrás un enfoque reactivo. Además, Araceli Casasola Salazar destacó la urgencia de una coordinación efectiva entre instituciones.
Sin embargo, no todo es perfecto. La congresista Ruth Salinas Reyes advirtió que, aunque la reforma representa un avance para el acceso a la justicia, todavía falta crear una instancia estatal que regule el manejo de datos sensibles, para garantizar la seguridad y privacidad.
Un punto central de la nueva normativa es su visión humanista y de género. Se establece que la seguridad pública debe basarse en principios de igualdad, priorizando la prevención y sanción de la violencia contra mujeres, niños y adolescentes.
Y eso no es todo: también se amplía el concepto de seguridad para incluir la supervisión de la prisión preventiva y la reinserción social. Como lo expresaron funcionarios como Oscar Fidel González Mendívil y Javier de Jesús Domínguez González, esta reforma dará certeza jurídica y abrirá paso a un trabajo conjunto entre los niveles de gobierno, fortaleciendo la investigación policial y la protección de la sociedad en general.
