TOLUCA, Edomex., 11 de junio de 2025.- La pregunta que muchos se hacen en la comunidad LGBT+ es: ¿qué sentido tiene salir del clóset si el poder obliga a volver a él? En el Estado de México, la discriminación contra las personas de diversidad sexual persiste de manera constante, mientras que el respaldo institucional brilla por su ausencia, quedando relegado a palabras vacías y acciones meramente simbólicas.
Según cifras oficiales, más del 37 por ciento de las personas LGBT+ en la entidad ha enfrentado discriminación en el último año. Sin embargo, estas estadísticas no generan cambios reales ni políticas efectivas. La realidad es que la comunidad, que suma cerca de medio millón de personas, no cuenta con una política pública sólida que garantice sus derechos.
En Nezahualcóyotl, el alcalde, el único abiertamente gay en funciones en el Estado de México, presume logros como una tarjeta de servicios y una casa de asistencia. Pero estos proyectos parecen más estrategias de imagen que políticas transformadoras, ya que carecen de presupuesto, evaluación o continuidad. Mientras tanto, en el resto del año, prevalece el silencio y la falta de acciones concretas.
El problema va más allá del desinterés político; el sistema judicial también contribuye a la invisibilización y discriminación. No hay jueces capacitados en diversidad, policías sensibles o fiscales que reconozcan que una agresión homofóbica es un crimen y no un asunto menor. Aunque existen leyes contra los delitos de odio, muchas veces estas quedan archivadas, minimizando la violencia que incluso ha cobrado vidas.
Mientras las instituciones ondean banderas de colores durante junio, la inclusión se reduce a un acto superficial. La indiferencia institucional evidencia que, en realidad, a los LGBT+ en el Estado de México no les basta con símbolos; necesitan acciones reales. La falta de justicia y protección hace que salir del clóset sea un acto de valentía, en un entorno que a menudo los ignora.
La salud mental también se ve afectada por esta exclusión. Casi la mitad de las personas LGBT+ evita acudir a servicios públicos de salud por temor al rechazo, prejuicios y maltrato. Uno de cada cuatro ha tenido ideas suicidas y uno de cada siete ha intentado suicidarse. Sin embargo, no existe una política estatal que garantice atención inclusiva, clínicas especializadas, campañas de sensibilización o personal capacitado. Junio se llena de arcoíris, pero las instalaciones de salud siguen marcadas por la indiferencia.
En el ámbito político, la salida de Juvenal Vargas, exdirector de Educación Superior, representa un cambio superficial tras su involucramiento en el conflicto en la Universidad Autónoma del Estado de México. Sin embargo, las estructuras que permiten la desigualdad permanecen intactas.
Por otro lado, la Coordinación de Asuntos Internacionales del Estado de México continúa sin gestionar programas o acciones frente a las redadas migratorias y los disturbios que afectan a más de un millón de mexiquenses en Estados Unidos. Su inacción es tan decorativa como indignante.
La pregunta sigue vigente: ¿Qué sentido tiene salir del clóset si el poder te pide que finjas que no existes? La respuesta está en convertir esa salida en una trinchera de resistencia y lucha. La dignidad de la comunidad LGBT+ exige más que gestos simbólicos; requiere políticas reales, compromiso y acciones concretas que transformen su realidad.
