El conflicto generado por la decisión de programar el partido Villarreal FC vs. FC Barcelona en Miami el 20 de diciembre ha desencadenado una de las mayores crisis en la historia de la Liga española. La iniciativa, que forma parte de un esfuerzo por expandir el fútbol español internacionalmente, ha enfrentado a clubes, jugadores y organismos en una disputa marcada por la falta de consenso, acusaciones públicas y protestas de los futbolistas.
El encuentro, correspondiente a la jornada 17, no se jugará en el estadio La Cerámica, sino en el Hard Rock Stadium de Miami, en una decisión oficial que busca aprovechar la oportunidad de globalización y obtener una ganancia económica significativa. Tanto el FC Barcelona como el Villarreal recibirán entre cinco y seis millones de euros por disputar el partido en Estados Unidos, con un reparto que favorece ligeramente al Villarreal para compensar la pérdida de ingresos por taquilla.
Ante la dificultad para que la afición del Villarreal asista al encuentro en España, el club anunció que todos los abonados que deseen viajar a Miami y asistir al partido podrán hacerlo de forma gratuita, cubriendo viaje y entrada. Además, devolverán el 20% de lo pagado por los pases de temporada a quienes no puedan asistir.
No obstante, esta iniciativa ha enfrentado fuerte resistencia. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), liderada por David Aganzo, denunció la falta de transparencia y exclusión del proceso, reclamando información detallada desde hace más de dos meses. La AFE también criticó que la reunión para definir el partido se convocó después de iniciada la preventa y venta de entradas, sin posibilidad de que los futbolistas participaran, ya que el calendario impide cumplir con los períodos de concentración establecidos en el Convenio Colectivo, que exige un máximo de 36 horas para partidos en España y 72 horas para partidos internacionales.
Por su parte, LaLiga, dirigida por Javier Tebas, defendió la programación del encuentro y afirmó que se ajusta a la normativa vigente, asegurando que no existe impedimento institucional para jugar en el extranjero y que se propusieron varias fechas alternativas para facilitar la participación de todas las partes.
La tensión escalará aún más cuando la AFE anunció una protesta simbólica en la novena jornada, respaldada por los capitanes de todos los clubes, con parones antes del inicio de cada partido, incluyendo el clásico entre el Real Oviedo y el RCD Espanyol. La organización argumenta que LaLiga ha actuado sin transparencia ni diálogo, y que la propuesta de jugar en Estados Unidos viola las condiciones laborales de los futbolistas.
Desde LaLiga aseguran que la incompatibilidad de agendas fue comunicada oportunamente y que el proyecto respeta el artículo 8 del Convenio Colectivo, que regula los desplazamientos. La propuesta, que se remonta a 2018, ha generado debates internos y desacuerdos, especialmente tras la negativa de la AFE a respaldar la iniciativa y las dudas sobre la autorización por parte de UEFA.
El futuro del polémico partido y la relación entre clubes, jugadores y organización permanecerá en el centro de atención, mientras crecen las dudas sobre la viabilidad y las implicaciones de llevar el fútbol español más allá de sus fronteras.
