En el ámbito jurídico, la doctrina ha sido históricamente la base para interpretar, sistematizar y proyectar el derecho normativo. Este elemento es fundamental en la cultura jurídica, ya que las normas por sí solas no comunican todo su significado: necesitan ser explicadas, contextualizadas y llevadas al diálogo con los cambios sociales. A través de ella, el pensamiento jurídico conecta con la realidad social, transformando las normas en vida práctica. Cada interpretación representa un compromiso ético, pues implica una posición respecto a los derechos y el poder. La doctrina, en su esencia, comprende los estudios y análisis de juristas y especialistas que buscan sistematizar e interpretar el derecho, proponiendo enfoques que pueden influir en la legislación y la jurisprudencia, aunque no tengan fuerza vinculante por sí mismas.
Su función es ordenar normas dispersas, identificar principios y ofrecer criterios para resolver vacíos o contradicciones en el marco legal. Esto resulta esencial en la creación de nuevas leyes, permitiendo prever sus efectos y su adecuación social. Además, provee herramientas teóricas para que operadores jurídicos y estudiantes comprendan y apliquen el derecho en su sentido más profundo.
En la tradición analógica, la doctrina consistía en interpretar la Constitución, los códigos y las leyes, relacionándolos con la jurisprudencia y adoptando una visión social, política y cultural del momento. Juristas y jueces utilizaban estas interpretaciones como argumentos de autoridad en casos concretos o en debates futuros.
Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) generativa, multimodal y agéntica, introduce un cambio radical en esta forma de producción del derecho. Estas IA, sin capacidad de conciencia, pero con la habilidad de crear, comprender y actuar, analizan constituciones, leyes, fallos y contextos, generando razonamientos coherentes, lógicos y argumentativos. Su capacidad para construir significados jurídicos, con autonomía operativa, configura una especie de doctrina judicial no humana: una emergente forma de pensamiento jurídico que también interviene en la construcción del derecho.
La IA generativa reproduce y amplía la función de la doctrina desde una perspectiva analógica. Cuando se alimenta con un corpus jurídico y se la plantea un problema, realiza operaciones similares a las de un doctrinario humano: interpreta, relaciona, jerarquiza y proyecta el derecho, considerando su contexto. Este proceso no es mecánico ni técnico, pues está condicionado por una cosmovisión implícita en sus datos de entrenamiento, valores programados y decisiones humanas en su diseño. Aunque sin conciencia, su ‘lectura’ del derecho refleja un entramado ético, epistemológico y normativo incorporado en su estructura.
Así, la IA doctrinaria continúa la tarea interpretativa del pensamiento jurídico, pero con una escala y velocidad que superan la razonabilidad humana. Como la doctrina clásica que daba sentido y anticipaba la evolución del derecho escrito, hoy la IA cumple una función ampliada, integrando fuentes, identificando principios y proponiendo soluciones a problemas inéditos. Su acción resulta en una forma emergente de doctrina judicial, donde el conocimiento jurídico se genera, actualiza y comparte en colaboración entre inteligencias humanas y no humanas.
Desde una perspectiva clásica, se podría considerar que la doctrina basada en IA carece de ética, por no poseer conciencia, voluntad o responsabilidad como los humanos. Sin embargo, esta visión es parcial. La ética en la inteligencia artificial no desaparece, sino que se desplaza, representando en realidad una ética estructural que se refleja en su entrenamiento, datos, criterios de moderación, sesgos, valores priorizados, y en las decisiones humanas que la diseñan y supervisan.
En el pasado, la legitimidad del razonamiento doctrinario se basaba en la autoridad de los juristas y en su validación por la comunidad académica y judicial. Hoy, la legitimidad de las interpretaciones producidas por IA no depende solo de una persona, sino del proceso cognitivo y normativo que la respalda.
Este cambio marca la apertura de una nueva etapa en el constitucionalismo digital: el constitucionalismo cognitivo. Aquí, la racionalidad humana y la inteligencia artificial dialogan, se corrigen y se responsabilizan mutuamente en la interpretación del derecho. En este paradigma, la doctrina ya no es únicamente humana, sino que se convierte en una red de inteligencias deliberantes que comparten un compromiso ético por el derecho, actualizándose como un principio colectivo que une a humanos y máquinas en la construcción normativa.
