¿Alguna vez te has preguntado qué pasará si en tu estado se combate de verdad la extorsión? Este 14 de enero de 2026, en Toluca, el Congreso del Estado de México dio un paso histórico para enfrentar uno de los delitos más peligrosos y persistentes en nuestra región.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión, junto con reformas a otros ordenamientos legales. ¿La innovación más importante? Esta ley permite que los casos de extorsión sean perseguidos de oficio, es decir, que las autoridades puedan actuar sin que la víctima tenga que presentar denuncia formal. ¿Qué significa esto? Que las instituciones podrán actuar más rápidamente, incluso si la víctima no sabe exactamente cómo denunciar.
Entre 2019 y 2024, en el Estado de México se abrieron cerca de 20,000 carpetas de investigación por extorsión, lo que nos coloca entre las entidades con mayor incidencia de este delito en todo México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esto demuestra la gravedad del problema y la necesidad urgente de soluciones eficaces.
La iniciativa fue respaldada por diputados de Morena, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, además de integrar propuestas del PRI y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Pero no todo fue unanimidad, ya que algunos diputados de oposición advirtieron sobre posibles riesgos: ¿Podría esta ley crear una burocracia innecesaria o dejar espacios ambiguos que permitan la participación indebida de servidores públicos en redes de extorsión?
¿Cómo pretenden combatir este flagelo? La ley contempla la creación del Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión, que jugará un papel clave al recibir, registrar y darle seguimiento a las denuncias ciudadanas. También brindará orientación a las personas para prevenir ser víctimas y qué pasos seguir en caso de que enfrentaran una extorsión.
Por otra parte, la Secretaría de Seguridad deberá diseñar una Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir la Extorsión, alineada con las políticas nacionales. La estrategia incluirá acciones preventivas, de atención y persecución, coordinadas entre diferentes dependencias.
Otra medida fundamental será la creación de una Fiscalía Central Especializada en Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, con personal altamente capacitado y certificado. Asimismo, en un plazo de 150 días hábiles, los centros penitenciarios del Estado de México implementarán tecnologías que bloqueen llamadas telefónicas, una de las principales vías utilizadas por los extorsionadores.
¿Lo más relevante? Con esta reforma, el delito de extorsión dejará de estar tipificado en el Código Penal local y pasará a regirse bajo la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una normativa federald que impone sanciones uniformes en todo México. ¿Será esto suficiente para poner un freno real a la extorsión en nuestro estado? Solo el tiempo y la implementación efectiva de estas medidas nos darán la respuesta.
