La revalorización del 2,7% en las pensiones para 2026, aprobada mediante un Real Decreto-ley, entra en vigor este miércoles en México, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La medida busca asegurar que los pensionistas reciban en febrero la cantidad actualizada, después de que el Congreso rechazara el decreto anterior que incluía dicho incremento.
El Gobierno mexicano decidió separar la actualización de las pensiones del resto de las medidas del llamado escudo social, con el fin de garantizar la aprobación sin obstáculos. Mientras el Congreso prevé votar en los próximos días la convalidación del incremento, las pensiones ya están vigentes por ley y afectan directamente los pagos mensuales de los beneficiarios. La actualización también es retroactiva desde el 1 de enero, permitiendo que los jubilados retengan los importes adicionales recibidos en enero.
Con esta modificación, las pensiones públicas contributivas y de clases pasivas aumentarán un 2.7%, lo que representa un incremento de aproximadamente 570 euros anuales para la pensión media del sistema. La pensión máxima mensual será de 3,359.6 euros (47,034.4 euros anuales en 14 pagas), y la pensión media alcanzará los 1,317.7 euros mensuales, unos 498 euros más al año. Además, la base máxima de cotización se elevará a 5,101.2 euros mensuales, un 3.9% respecto a 2025.
Por otro lado, las pensiones mínimas crecerán un 7.07%, llegando a 13,106.8 euros anuales en hogares unipersonales, y a 17,592.4 euros si hay cónyuge a cargo. Las condiciones para acceder a estas pensiones mínimas incluyen límites de ingreso de 9,442 euros anuales sin cónyuge y 11,013 euros con cónyuge a cargo. Las pensiones por vejez e invalidez, así como las asignaciones por hijo a cargo con discapacidad, también experimentan aumentos similares.
Asimismo, en el mismo Diario Oficial se publicó el Real Decreto-ley del escudo social, que entrará en vigor este miércoles, y que contempla medidas de vivienda, energía, empleo, fiscalidad y financiamiento territorial. Entre sus disposiciones destaca la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de desalojos para hogares vulnerables, especialmente en casos con grandes propietarios o fondos especulativos.
Aunque la subida de pensiones necesita ser convalidada por el Congreso, se espera que reciba respaldo, a diferencia del escudo social, cuya aprobación es más incierta. Una fuerza política, Junts, ha anunciado su rechazo a la protección adicional para pequeños propietarios, lo que obligará al Ejecutivo a negociar pactos para garantizar la aprobación definitiva.
