La integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos nueve ministros recibirán su constancia de mayoría este domingo y entrarán en funciones el 1 de septiembre, hereda al menos 1,228 casos pendientes, lo que incrementa el rezago existente en el tribunal ante la celeridad de la Reforma Judicial.
Además, con la llegada de los nuevos ministros, se suman los casos que día a día ingresan a la Oficialía de Partes y que son distribuidos a las distintas ponencias. Estos expedientes quedan en espera automática para que los nuevos jueces los analicen y resuelvan.
Entre los casos pendientes están temas como los adeudos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego y las reclamaciones de las manufactureras por doble cobro de IVA.
Según datos proporcionados a El Sol de México por los equipos de trabajo de los ministros en funciones, en la Corte total hay 428 asuntos sin proyecto de resolución, los cuales dependen de la participación de la nueva integración para su resolución.
De estos, 111 corresponden a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, 102 a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 79 a Lenia Batres y 46 a Juan Luis González Alcántara Carrancá, siendo los casos con mayor retraso.
La nueva integración se enfrentará a una carga de trabajo significativa, ya que la Reforma al Poder Judicial establece en su artículo 17 que la Suprema Corte debe resolver los casos en un máximo de seis meses desde su conocimiento.
Durante 2023, bajo la presidencia de la ministra Norma Piña Hernández, la Corte resolvió 4,299 asuntos en las salas y el pleno, y en 2024, 3,853 casos. Sin embargo, con los cambios constitucionales, a partir del 1 de septiembre, toda la carga de casos deberá ser resuelta por el pleno, que reducirá su número de once a nueve ministros.
Fuentes cercanas al tribunal indican que los nuevos ministros, elegidos el 1 de junio, podrían formar grupos de trabajo para distribuir mejor la carga y mitigar el retraso al llegar a Pino Suárez 2.
El académico Javier Martín Reyes subraya que el trabajo será intenso, pues seis de los nuevos ministros, incluyendo al presidente Hugo Aguilar, deberán enfrentarse a una curva de aprendizaje en un entorno de máxima presión, debido al gran volumen de expedientes acumulados en la Corte.
Entre los casos más relevantes pendientes para septiembre destacan los relacionados con el programa IMMEX, que involucra 16 mil millones de pesos, y otros deudas fiscales de empresas como Elektra, Total Play y TV Azteca, además de temas de devolución de impuestos, regulación de financiamiento para interrupción del embarazo, derechos de personas Trans, venta de chatarra en universidades y la extinción de organismos autónomos.
Por ejemplo, en febrero pasado, la Suprema Corte pospuso el análisis de las reglas sobre el IVA en transacciones virtuales del programa IMMEX, debido a la necesidad de mayor estudio sobre su impacto económico. La ministra Yasmín Esquivel presentó un nuevo proyecto, pero aún no ha sido programado para revisión.
Asimismo, está pendiente el análisis de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Federal de Revocación de Mandato y el amparo de R3D contra la creación del Banco de ADN forense, por presunta vulneración de derechos de privacidad y protección de datos.
Respecto a la prisión preventiva oficiosa, aún no hay resolución definitiva, aunque se espera que se determine el 5 de agosto, en la penúltima sesión de la actual integración, en medio de presiones de fiscalías y del gobierno federal que podrían influir en el fallo.
