Las desapariciones de personas en el Estado de México representan una manifestación significativa de las múltiples violencias que afectan al país, advirtió Sol Salgado Ambros, ex titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en la entidad (COBUPEM). Aunque las cifras han aumentado en el último año, esta tendencia refleja, en parte, un incremento en las denuncias y en la apertura de canales para reportar estas desapariciones.
Con más de una década de experiencia en el tema, Salgado Ambros resaltó que este fenómeno no solo tiene connotaciones delictivas, sino que también evidencia dinámicas invisibles en ámbitos familiares, escolares y laborales. Durante el primer semestre de 2023, en el Estado de México se reportaron 3,091 personas desaparecidas, de las cuales 34.29% permanecían en situación de desaparecidas y no localizadas, mientras que el 65.71% fueron localizadas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Para la excomisionada, estas cifras no solo indican la dimensión del problema, sino también reflejan un cambio social en la cultura de denuncia, facilitado por el acceso a la información y el uso de herramientas digitales para emitir alertas de manera inmediata. Sin embargo, reconoció que todavía existen zonas, especialmente en regiones del sur colindantes con Guerrero y Michoacán, donde persiste el miedo a acudir a las autoridades, lo que provoca retrasos en los reportes y acciones de búsqueda.
Salgado Ambros explicó que muchas desapariciones voluntarias corresponden a decisiones de individuos que huyen de situaciones de violencia emocional, maltrato o amenazas en contextos íntimos, y lamentó que al ser localizadas, las autoridades muchas veces cierran los casos sin investigar las verdaderas causas.
Asimismo, hizo un llamado a que todas las instancias gubernamentales compartan una lógica de atención uniforme, similar a la respuesta que se tiene en emergencias médicas, donde la información fluye desde el primer contacto para evitar que las familias queden solas en su búsqueda. "La desaparición debería provocar una reacción inmediata, como en una emergencia sanitaria", puntualizó.
Por otro lado, colectivos y organizaciones civiles señalan que uno de los principales obstáculos en la atención a familias afectadas son las actitudes de los servidores públicos en las fiscalías, quienes en algunos casos minimizan las denuncias o consideran que la persona desaparecida se fue por voluntad propia. Salgado Ambros resaltó la importancia de denunciar estas conductas y sancionarlas ejemplarmente, recordando casos emblemáticos como el de Rosendo Radilla y el de las mujeres en Ciudad Juárez, los cuales marcaron hitos en la exigencia de justicia y reparación.
En entrevista con El Sol de Toluca, Salgado afirmó que en la actualidad la desaparición puede afectar a cualquier persona, sin distinción de edad, género o condición social, y que todos los municipios del Estado de México han registrado al menos un caso. Por ello, definió que las políticas públicas deben tener un enfoque tanto estatal como nacional, y que, aunque las instituciones y los colectivos trabajan en la misma dirección, operan de manera separada. La etapa de visibilización ya se logró; ahora es momento de que todos los actores asuman su responsabilidad para construir una respuesta efectiva.
Finalmente, dirigió un mensaje a las familias que buscan a sus seres queridos por su cuenta y no conocen los mecanismos a su alcance. Les invitó a seguir luchando y a tomar como ejemplo los logros de los colectivos que, con persistencia, han logrado avances reales en la búsqueda y atención a las víctimas de desaparición.
