La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) alertó que las viviendas turísticas sin licencia ilegal representan ya el 23% del total en España, sumando 86,275 inmuebles y 435,689 plazas, de un inventario total de 1,927,931. La organización solicitó a las principales plataformas digitales eliminar estas ofertas para proteger la sostenibilidad del sector y la convivencia en áreas urbanas.
En un comunicado, Exceltur subrayó que la proliferación de alojamientos turísticos sin autorización afecta la competencia leal, la calidad del servicio y la seguridad, además de dañar la imagen internacional de España como destino turístico de referencia. La presencia de viviendas ilegales erosiona la confianza de los viajeros en la oferta legal y reglamentada del país.
Desde un enfoque macroeconómico, la organización advirtió sobre el impacto de estos inmuebles en el mercado residencial, dificultando el acceso a viviendas en zonas de alta demanda turística y aumentando la presión sobre los servicios públicos en barrios saturados. Además, señaló que esta actividad ilegal perjudica el empleo y el sistema fiscal del sector turístico español.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) notificó en los últimos días a plataformas digitales sobre 86,275 viviendas turísticas ilegales, cuyos anuncios deben ser retirados de forma obligatoria. Estos inmuebles habían solicitado el registro obligatorio, pero no lograron cumplir con los requisitos establecidos, en el marco del nuevo registro único de alquileres de corta duración. Este mecanismo, que convierte a España en el primer país de la Unión Europea en adaptarse a la normativa comunitaria, busca aumentar la transparencia y luchar contra la ilegalidad en el mercado.
Desde julio pasado, los propietarios que desean ofrecer alojamientos turísticos deben obtener un código oficial otorgado por los Registradores de la Propiedad, que posteriormente comparten con las plataformas mediante la Ventanilla Única Digital. Esta información cruzada facilita detectar y retirar los anuncios ilegales y combatir prácticas irregulares.
El Gobierno ha señalado que estas irregularidades han contribuido al aumento de los precios de la vivienda y a la expulsión de residentes en centros urbanos. La medida busca equilibrar el mercado y proteger tanto a los vecinos como a los turistas, asegurando que las ofertas cumplen con las normativas vigentes.
