Legisladores de oposición en el Congreso del Estado de México advirtieron que la reforma a la Ley de Amparo, promovida por el gobierno federal y respaldada por Morena y sus aliados, representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos y en el acceso a la justicia. La iniciativa busca restringir figuras clave como el interés legítimo y la suspensión del acto reclamado, además de incluir disposiciones que, denunciaron, vulneran principios constitucionales.
Emma Laura Álvarez, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México y diputada del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que el artículo transitorio de la propuesta federal viola el artículo 14 de la Constitución, al permitir la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de los ciudadanos. La legisladora explicó que, aunque el PAN a nivel federal ha insistido en eliminar dicho artículo, ya fue aprobado y el daño ya está hecho, con responsabilidades claras.
‘No se pueden aplicar leyes retroactivamente en perjuicio de los ciudadanos’, afirmó Álvarez, quien también señaló que eliminar solo el transitorio no basta, pues el resto de la reforma conserva disposiciones que limitan el derecho de defensa y destruyen la protección que brinda el amparo.
Ruth Salinas, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó que un cambio de esta magnitud se pretenda aprobar en un proceso acelerado, sin debate público ni participación de expertos y sectores sociales. Resaltó que su partido ha impulsado un parlamento abierto en el Senado para escuchar a especialistas, cuyas observaciones no fueron tomadas en cuenta en la versión final.
‘El amparo es una herramienta fundamental en la democracia mexicana; no se puede reformar sin escuchar a quienes lo ejercen y aplican’, puntualizó. Salinas anunció que MC mantendrá una postura crítica tanto a nivel federal como estatal, destacando su papel como contrapeso ante esfuerzos del oficialismo por modificar estructuras judiciales sin consenso.
Por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elías Rescala Jiménez calificó la reforma como ‘un ataque directo a los derechos fundamentales y garantías constitucionales’, advirtiendo que las modificaciones al interés legítimo y la definitividad limitan la defensa de individuos y colectivos, como organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.
Rescala expresó preocupación por el cierre de puertas al amparo colectivo, crucial para detener abusos y decisiones arbitrarias del gobierno, y adelantó que el PRI concretará una postura institucional en los próximos días, defendiendo el Estado de Derecho.
Los legisladores coincidieron en que el amparo, tal como fue diseñado en la Constitución, debe mantenerse accesible para quienes consideren vulnerados sus derechos por acciones u omisiones de autoridad. Sin embargo, advirtieron que la iniciativa federal aumenta las barreras legales, limita el uso del recurso en casos de bloqueos de cuentas, órdenes de aprehensión y temas fiscales, y reduce las opciones de defensa ante decisiones administrativas o judiciales.
A nivel nacional, la propuesta ha generado amplias críticas, pues mientras el gobierno afirma que busca agilizar el trámite del amparo, sectores académicos, judiciales y políticos consideran que la reforma debilita los controles del Poder Judicial y limita los derechos ciudadanos. En la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que la discusión en comisiones será el próximo lunes y en el pleno, el martes.
La propuesta, presentada el 15 de septiembre de 2023, plantea cambios sustanciales: exigir que el reclamante demuestre una repercusión real y diferenciada, limitar la suspensión en casos de bloqueo de cuentas y temas fiscales, establecer plazos y sanciones para agilizar los procesos, y crear un Juicio de Amparo Digital para tramitar en línea. También busca definir estándares claros para el cumplimiento de sentencias y fortalecer la relación con leyes como el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, endureciendo las reglas para la ejecución de créditos fiscales y recursos administrativos.
Sectores jurídicos y políticos continúan debatiendo el impacto de estas modificaciones en los derechos de los ciudadanos, en un contexto donde el equilibrio entre eficiencia judicial y protección constitucional resulta fundamental.
