El huachicoleo de agua, que afecta el suministro en el Estado de México, podría constituirse como delito grave. Diputados de Morena, PVEM, PT y PAN respaldaron iniciativas de Zaira Cedillo Silva y del PVEM para endurecer sanciones. Se analizó en comisiones que, según cifras oficiales, se pierde el 40% del agua por desvíos y tomas clandestinas. Cedillo propuso penas de hasta 30 años de cárcel y multas de hasta 2.8 millones de pesos, además de que el delito sea perseguido de oficio, sin necesidad de denuncia. Reportó solo 37 denuncias en 2023-2024, ninguna judicializada, por lo que elevarlo a delito grave busca frenar la impunidad y proteger el recurso. Miriam Silva del PVEM abogó por clasificar como delito grave el robo de agua con fines de lucro, para asegurar prisión preventiva oficiosa y sanciones proporcionales al daño. La legisladora criticó vacíos legales que favorecen corrupción y impunidad, especialmente en zonas urbanas y rurales con poca regulación. Emma Laura Álvarez del PAN pidió considerar las condiciones específicas de cada municipio, activando también la atención en el desperdicio en hospitales y empresas privadas. Legisladores de Morena coincidieron en que las reformas deben proteger a comunidades que gestionan pozos legalmente y castigar con dureza al huachicoleo. Ana Yurixi Leyva del PT mencionó que otros estados ya modificaron sus Códigos Penales para sancionar este delito y llamó a que el Estado de México adopte un modelo transparente. Con estas reformas, el Congreso busca garantizar el derecho al agua y frenar prácticas ilícitas que afectan a miles de familias.
