Debido al incremento de casos de abuso sexual y uniones forzadas de menores en el Estado de México, legisladores locales de diversos partidos coincidieron en la necesidad de endurecer las sanciones para quienes fomenten o permitan este tipo de relaciones. Durante la reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, diputados como Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), Octavio Martínez Vargas (Morena) y Miriam Silva Mata (PVEM) expresaron su respaldo a una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN. La propuesta contempla penas de hasta 22.5 años de prisión para quienes obliguen o faciliten una unión entre menores de edad con fines de convivencia como pareja. La diputada Álvarez Villavicencio resaltó que en 2024 se abrieron más de 984 carpetas de investigación por abuso sexual vinculadas a uniones forzadas de menores, principalmente en municipios urbanos como Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan. Subrayó que este fenómeno vulnera derechos humanos, perpetúa ciclos de violencia y marginación entre adolescentes. Por su parte, el diputado Octavio Martínez sugirió involucrar al Poder Judicial del Estado de México para analizar y enriquecer el debate legislativo, señalando que estos casos deben abordarse desde una perspectiva de protección y prevención, no solo criminalizando a los menores. Además, comentó que en Ecatepec, en el Hospital de las Américas, se registran aproximadamente 1,200 nacimientos mensuales, de los cuales 840 corresponden a madres menores de edad, evidenciando la urgencia de tomar medidas firmes. La diputada Miriam Silva coincidió en que los matrimonios forzados entre menores constituyen un problema a nivel nacional y estatal, y enfatizó que la ley debe aplicarse con rigor, ya que la penalización propuesta refleja la gravedad del daño que causa este delito en las víctimas. La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México, impulsada por los diputados panistas Anuar Roberto Azar Figueroa y Pablo Fernández de Cevallos González, propone aumentar las penas de dos a cuatro años de prisión y de 500 a 2,000 días de multa a quienes obliguen, induzcan, coaccionen o consientan una unión entre menores, sin importar creencias religiosas, usos o costumbres. La sanción podría elevarse hasta 22.5 años de cárcel y 6,000 días multa si el delito se comete con violencia, en perjuicio de menores con discapacidad, o pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas. Actualmente, la pena oscila entre dos y cuatro años de prisión, además de multas de 500 a 2,000 días, por lo que la propuesta representa un endurecimiento significativa de la ley.
