La reciente implementación de la Ley de Inocencia Fiscal en Argentina representa un cambio significativo en la política tributaria del país, al permitir que contribuyentes ingresen dólares no declarados al sistema formal sin que el Estado indague sobre su procedencia. Esta normativa, que posiciona a Argentina como el tercer país del mundo con mayor volumen de dólares fuera del circuito financiero, fue analizada en un programa especial de Infobae en Vivo, donde expertos explicaron sus implicaciones.
Durante la transmisión, Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari detallaron los aspectos clave de la ley. Aziz destacó que Argentina ocupa el tercer lugar global en reservas en dólares no declarados, con estimaciones que oscilan entre 170 mil y 220 mil millones de dólares, incluyendo cuentas en el extranjero, cajas de seguridad y ahorros internos.
La ley busca incentivar la incorporación de este capital a la economía formal, sustentándose en la presunción de veracidad, es decir, que el contribuyente no obtuvo estos fondos de manera ilegal y que corresponde al Estado probar lo contrario en caso de delito. Barbería explicó que, bajo esta norma, quienes adhieran podrán ingresar sus dólares sin que el Estado pregunte más allá de garantizar pagar impuestos en un régimen simplificado.
Para quienes decidan regularizarse, será necesario pagar los impuestos correspondientes, aunque no se les perseguirá penalmente por la procedencia del dinero y podrán moverlo libremente en el mercado legal, incluyendo compras de bienes registrables. La ley aumenta el umbral para considerar una declaración como evasión simple, pasando de 1.5 millones a 100 millones de pesos, con una multa penal que también sube de cinco a tres años de prescripción.
El límite para ingresar fondos en este régimen es de 1,000 millones de pesos anuales de ingresos y un patrimonio total no superior a 10 mil millones de pesos, según explicó Barbería. Sin embargo, Lazzari criticó el alcance de la ley, señalando que muchos de los fondos fuera del sistema corresponden a personas comunes, no a criminales, y que el sistema impositivo actual es inviable y requiere una reforma global, además de que la medida no incluye a empresas ni monotributistas.
El debate también abordó las dudas sobre la confianza en futuras medidas fiscales y la percepción de justicia de quienes siempre cumplieron con sus obligaciones, a quienes se les genera un sentimiento de desigualdad. Lazzari señaló que la desconfianza persistirá, pero con el tiempo podría disminuir.
Por último, se discutió el impacto ético y social. Iglesias cuestionó qué pasa con quienes cumplen siempre con sus impuestos, a lo que Lazzari respondió que el sistema actual no permite una justicia plena y que, en un contexto de alta presión fiscal y riesgo de confiscación, muchos optarán por mantener sus ahorros en dólares fuera del sistema formal, pues en pesos se deterioran rápidamente, reflejando las fallas del sistema impositivo vigente.
