El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), José Antonio García Herrera, criticó el proyecto de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, calificándolo como un retroceso debido al desequilibrio regulatorio entre la televisión y la radio frente a las plataformas digitales. También expresó su preocupación por las posibles suspensiones que podría ejercer la Agencia de Transformación Digital sin seguir un procedimiento judicial ni otorgar derecho de audiencia.
García Herrera cuestionó la regulación de otros medios, como las OTT, streamings y páginas digitales, señalando que estos no están regulados y cuestionando si los derechos de las audiencias son considerados en estos casos. “¿No hay derechos de las audiencias para esos medios de comunicación? Nuevamente es al perro más flaco que se le cargan todas las pulgas”, afirmó.
Durante el último conversatorio en el Senado sobre la ley, el representante de la CIRT alertó que una regulación excesiva de los contenidos atenta contra la libertad de expresión y la democracia en México. Citó el Artículo 228, que establece que los contenidos deben distinguirse claramente entre información y opinión, y consideró que regular y sobrerregular los contenidos es absurdo, puesto que incluso figuras públicas, como la presidenta, opinan y difunden información en espacios como la mañanera.
Recordó que en 2014 las reformas a esta ley ya habían establecido la diferencia entre opinión e información, y que los concesionarios crearon códigos de ética para regular estos aspectos; sin embargo, en 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación los invalidó. Más recientemente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió nuevos lineamientos para adecuar estos códigos, lo que genera preocupación en la CIRT sobre posibles mecanismos de censura.
García Herrera afirmó que la regulación "se burla de las audiencias" por su carácter paternalista, que limita lo que se puede y no se puede escuchar. Destacó la pluralidad de medios en la actualidad, incluyendo los medios extranjeros accesibles en México, y cuestionó si también serán regulados estos últimos.
El directivo también expresó su inquietud por las sanciones previstas en la ley, como la suspensión de transmisiones, que podrían aplicarse sin un procedimiento judicial y sin derecho de audiencia, a criterio de la Agencia de Transformación Digital.
En cuanto al financiamiento de concesiones públicas y sociales, criticó que la asignación de recursos sea de al menos el uno por ciento, ya que esto podría afectar la independencia editorial de los medios. “¿A quién van a defender o quién no van a tocar los medios? Pues a quien les paga”, afirmó, señalando que la discrecionalidad del gobierno en la distribución de recursos podría limitar la libertad editorial.
Finalmente, García Herrera expresó su preocupación por el "mercado negro" en los medios sociales, tras señalar que el IFT otorgó más de mil estaciones, muchas de ellas en manos de grupos políticos, religiosos y otros que podrían atentar contra las audiencias, en un contexto que consideró de vulnerabilidad para los medios sociales.