Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado y posteriormente retornado a Estados Unidos en medio de las polémicas políticas migratorias del expresidente Donald Trump, fue puesto en libertad el viernes de la prisión en Tennessee donde permanecía detenido bajo cargos de tráfico de personas.
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno de Trump facilitar el regreso de Ábrego García después de que en marzo fuera enviado de forma injustificada a la megacárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador. Fue repatriado a EE. UU. en junio y, de inmediato, detenido en Tennessee, donde enfrentaba acusaciones por tráfico de migrantes indocumentados. Sin embargo, un juez ordenó su libertad el viernes.
El abogado de Ábrego García informó que el migrante se reencontró con su familia tras 160 días sin verse, en lo que calificó como ‘un día muy especial’, según un comunicado de la organización de defensa de derechos migratorios CASA.
Este caso ha sido considerado un símbolo de la ofensiva migratoria del expresidente Trump. Sus partidarios elogian su postura, pero expertos legales y defensores de derechos humanos critican las deportaciones expeditas y alegan que violan las leyes básicas de EE. UU., debido a procesos judiciales inadecuados.
Un juez en Tennessee dictaminó el 23 de julio que Ábrego García debía permanecer en libertad en espera de juicio, cuyo inicio está previsto para el 27 de enero de 2026. No obstante, su situación aún podría complicarse, pues la administración Trump podría iniciar procedimientos migratorios legales tras su regreso a Maryland, siempre que notifique con 72 horas de antelación antes de deportarlo a un tercer país, acción que un tribunal federal validó en julio.
Medios reportaron que el Departamento de Seguridad Interior notificó a su equipo legal que debe presentarse este lunes ante las autoridades migratorias en Baltimore, con la posibilidad de ser deportado a Uganda, país que ese día anunció un acuerdo con EE. UU. para recibir migrantes sin requisitos de permanencia.
La Casa Blanca reaccionó a la liberación de Ábrego García describiéndolo como ‘un criminal, extranjero ilegal, golpeador de mujeres y miembro de la pandilla MS-13’. Abigail Jackson, subsecretaria de prensa, afirmó que debería ‘rendir cuentas por sus crímenes’ y usar un brazalete electrónico para garantizar la seguridad pública.
Los abogados de Ábrego García denunciaron un procesamiento ‘vengativo y selectivo’ por parte de los fiscales, alegando que los cargos se presentaron tras negarse a aceptar una supuesta violación del derecho al debido proceso por parte del gobierno.
El migrante, casado con una ciudadana estadounidense, vivía en Maryland hasta que fue enviado al CECOT, acusado sin pruebas en una ola de más de 200 personas, en la mayoría de los casos por vínculos con pandillas.
Las autoridades federales admitieron que su regreso a EE. UU. fue resultado de un ‘error administrativo’, pues Ábrego García tenía estatus legal desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado por riesgos en El Salvador.
La fiscal general, Pam Bondi, acusó a Ábrego García de haber desempeñado un papel en redes de tráfico de inmigrantes, traficando con niños, mujeres y pandilleros de la MS-13 desde 2016 hasta principios de este año.
El gobernador de Maryland, Wes Moore, declaró que toda persona tiene derecho al debido proceso y expresó que más allá de su caso individual, se trata de una cuestión de leyes que deben ser respetadas por todos los tribunales, incluyendo los de la administración Trump.
