La tensión en el sector arrocero colombiano se intensificó este miércoles 18 de febrero de 2026, durante una sesión en la Comisión Tercera del Senado, donde representantes del gobierno, productores y gremios abordaron la grave situación que enfrenta la cadena productiva del arroz en medio de la crisis climática y económica. La reunión, coordinada por los senadores Carlos Julio González y Sonia Bernal, buscó fortalecer la mediación institucional y evaluar los avances en acuerdos previos.
Según las exposiciones, el sector presenta una situación estructuralmente crítica, con inventarios que superan en un 92% los niveles del año pasado, una caída en los precios del 28.5% desde junio de 2024 y aproximadamente 100,000 hectáreas en riesgo de abandono, según datos de Fedearroz. Además, la falta de un precio que cubra los costos de producción y las condiciones restrictivas de compra aumentan la incertidumbre entre los agricultores.
Óscar Gutiérrez, presidente de Dignidad Agropecuaria, criticó duramente las políticas de apoyo gubernamentales y el manejo de los recursos públicos por parte del gobierno de Gustavo Petro. En su intervención, afirmó que los fondos destinados al sector son insuficientes para enfrentar los efectos de la emergencia climática, y propuso aumentar en 25 mil millones de pesos el presupuesto en subsidios para productores, calificando esa cifra como insignificante en comparación con el gasto total del Estado.
Gutiérrez subrayó que se requiere mayor respaldo económico para todos los productores de arroz, especialmente ante las reducciones en rendimiento causadas por las intensas lluvias, que han disminuido la productividad de casi 120 bultos por cosecha a entre 70 y 80. También hizo un llamado a priorizar decisiones presupuestales que fortalezcan la seguridad y soberanía alimentaria del país.
Por otra parte, funcionarios del gobierno y voceros del sector discutieron temas de comercio y financiamiento. Luis Fernando Angulo, director de comercio del Ministerio de Comercio, destacó que el gobierno busca soluciones en coordinación con los productores, aunque recordó las limitaciones impuestas por compromisos internacionales, como la OMC, la Comunidad Andina y los tratados de libre comercio.
Desde las regiones productoras, representantes como Iván Herrera, del Tolima, y Miguel Bonilla, señalaron que las dificultades económicas y el endeudamiento han impedido la siembra de próximas cosechas, mientras que productores en el Huila y Tolima expresaron que operan a precios que apenas cubren los costos, con retrasos en pagos y elevados costos de insumos y créditos.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió sobre los riesgos de una crisis estructural que podría acabar con toda la cadena productiva. Anunció que el gobierno destinó recursos por aproximadamente 23,500 millones de pesos en apoyos directos, además de fondos para financiamiento y capitalización rural, y resaltó la importancia de implementar medidas de control a la importación y el contrabando de arroz, en coordinación con la DIAN y la Policía Nacional.
Finalmente, se reiteró la necesidad de establecer un precio piso que cubra los costos de producción, junto con subsidios efectivos y soluciones para las deudas con entidades financieras como el Banco Agrario, todo en busca de evitar el colapso del sector arrocero colombiano en medio de la crisis climática y económica actual.
