A pesar de que el Congreso asignó 260 millones de pesos para víctimas de feminicidio y desaparición forzada, las familias denuncian que estos recursos no llegan efectivamente. La diputada Ana Yuritxi Leyva Piñón señaló que los fondos deberían garantizar apoyo económico, salud, educación y empleo, pero casos como el de Fátima, niña víctima de feminicidio, evidencian la falla del Estado en ofrecer reparaciones integrales. La familia de Fátima, reconocida por la SCJN como víctima indirecta, enfrentó desplazamiento, pérdida de un hijo y falta de servicios básicos, lo que revela la desprotección del sistema. La legisladora exige un censo nacional de familias desplazadas y convenios estatales para proveer vivienda y empleo, criticando además el mal uso de fondos, como el gasto en aerosoles y murales en Ecatepec en lugar de prevención. Anunció una auditoría en 11 municipios con declaratoria de emergencia y pidió mayor transparencia en el ejercicio del presupuesto 2025, incluyendo recursos para áreas prioritarias y redes de apoyo. En 2024, las fiscalías solo atendieron el 42.7% de denuncias por feminicidio, mostrando una operación deficiente y sin datos comparativos claros para medir avances reales en lucha contra la violencia de género.
