
Ante el incremento de hechos violentos en planteles educativos del Estado de México, diputados locales solicitan reforzar la estrategia Mochila Segura. Aunque la medida está respaldada por la ley, su aplicación no es constante ni uniforme en las escuelas de la entidad, explicó Rigoberto Vargas Cervantes, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
En entrevista, el legislador afirmó que la reactivación del programa debe ser prioritaria para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes. Además, aclaró que la revisión del operativo no vulnera derechos de niñas, niños y adolescentes, contrariamente a las objeciones de algunos padres de familia.
Vargas Cervantes puntualizó que recientes casos, como el ocurrido en La Paz, donde un alumno ingresó con un arma de fuego a su escuela, evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos preventivos. Aunque aclaró que Mochila Segura no está cancelado, su implementación enfrenta resistencia en algunos círculos escolares y entre padres, lo que ha limitado su alcance.
“Es importante crear conciencia. El programa está en la ley, pero sin difusión, acompañamiento y seguimiento, queda en papel. Algunas escuelas lo aplican con buenos resultados, pero en otras no se lleva a cabo por miedo o desconocimiento”, afirmó.
Resaltó que la medida fue aprobada en legislaturas anteriores tras un debate con observaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para asegurar respeto a las garantías fundamentales y evitar prácticas discriminatorias.
Vargas Cervantes indicó que en las escuelas donde sí se realiza el operativo, los niveles de seguridad y la presencia de cuerpos policiales con perros han contribuido a despejar riesgos y generar confianza. Como padre, expresó sentirse más tranquilo cuando sabe que su hija estudia en un entorno protegido.
El legislador adelantó que promoverá mesas de diálogo con la Secretaría de Educación estatal para evaluar el estado actual del programa, revisar protocolos y eliminar obstáculos. La meta es actualizar, fortalecer y hacer más efectivo el operativo.
Asimismo, reconoció que la violencia escolar está vinculada a problemáticas mayores, como la falta de atención emocional, acoso escolar y adicciones. Por ello, defiende una estrategia integral que combine seguridad con salud mental, considerando que en 2024 se asignaron más de 3,800 millones de pesos a programas de apoyo psicológico y prevención de adicciones, aunque su alcance sigue siendo insuficiente.
Vargas Cervantes destacó la importancia de que cada escuela cuente con psicólogos o trabajadores sociales, rutas de canalización y acompañamiento emocional para docentes y alumnos, ya que ello ayuda a reducir riesgos y fortalecer el entorno educativo.
Finalmente, el diputado hizo un llamado a la participación social y a la colaboración de las familias para potenciar los esfuerzos de prevención. Aunque las instituciones pueden establecer protocolos, la protección real empieza en casa, y la cooperación de los padres es esencial para garantizar la vida y bienestar de los jóvenes.