Lo que empezó como una demanda por pensión alimentaria llevó a María Guadalupe González Martínez, mujer indígena y exempleada doméstica, a ser sentenciada a 50 años de prisión por secuestro, a pesar de una sala de apelación que ordenó reponer el proceso por violaciones a sus derechos. La familia denuncia que el caso refleja violencia vicaria y uso indebido del sistema judicial para castigarla por exigir justicia para sus hijos.
La hermana de Lupita, Cecilia González Martínez, explicó que hace un año se le impuso la misma condena, pero el Tribunal de Alzada en Materia Indígena ordenó repetir el juicio tras reconocer violaciones a derechos fundamentales de la acusada, como la falta de traductor y asesoría especializada en su lengua originaria. Sin embargo, en un nuevo proceso realizado el 1 de octubre, el fallo volvió a ser condenatorio, a pesar de las pruebas, testigos y peritajes en su favor.
La lectura de la sentencia está prevista para el 23 de octubre en los juzgados de Toluca, donde la defensa continuará intentando apelar. La familia sostiene que agotarán todos los recursos disponibles y mantiene la esperanza de que el caso sea revisado con perspectiva de género y enfoque intercultural.
Este caso se enmarca en una serie de denuncias en su contra que han sido cuestionadas. En los últimos cuatro años, Lupita enfrentó acusaciones por abuso sexual, tentativa de feminicidio y secuestro; en las dos primeras fue absuelta, ya que un juez federal no encontró elementos suficientes para sostener dichas acusaciones, y en una sentencia por tentativa de feminicidio, también obtuvo la absolución.
Pese a esto, en junio de 2024 se abrió una nueva carpeta por secuestro, cuando Lupita aún estaba en libertad condicional y en espera de un brazalete electrónico, proceso que según su familia fue retrasado por una omisión del juzgado, facilitando así una nueva denuncia con versiones similares.
La acusación actual la señala por participar en la privación ilegal de la libertad de la pareja de su expareja en 2022, con supuestos apoyos de otras personas. La víctima afirma haber sido agredida y abandonada, mientras que la defensa argumenta que no hay pruebas materiales ni testigos presenciales que acepten los hechos.
La Fiscalía sostiene que las declaraciones y peritajes médicos son suficientes para fundamentar la sentencia, postura que la familia cuestiona por inconsistencias en los informes médicos y en la gestión de videos de vigilancia. Además, la defensa presentó evidencias que muestran contradicciones en el expediente y en la evidencia ofrecida.
Durante el proceso, la autoridad ministerial insistió en la gravedad del delito y en las declaraciones de la víctima, pero las pruebas presentadas por la defensa no fueron consideradas suficientes para demostrar la inocencia.
El tribunal, sin embargo, reconoció que el asunto involucra un conflicto familiar, lo que desde colectivos feministas refuerza la necesidad de una revisión con perspectiva de género.
Durante la audiencia final, Lupita expresó su postura ante el juez: "Recibo la sentencia que me da el Estado, pero no por quedarme callada, sino por haber exigido los derechos de mis hijos. Me sentencian por no rendirme, pero no podrán encarcelar mi verdad ni la de tantas mujeres que luchamos por justicia. Soy inocente y aunque hoy me arrebaten la libertad, no podrán arrebatarme mi dignidad ni la esperanza".
La familia confía en que el caso sea revisado con una visión intercultural y de género, y organizaciones sociales y vecinas han anunciado que acompañarán la audiencia del jueves para respaldar a Lupita, quien, a pesar del riesgo de volver a sufrir prisión en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, mantiene su voz y su lucha por sus derechos y los de sus hijos.
