Irene, madre de la menor conocida como Holy, desmintió las acusaciones de robo de información y quema de expedientes durante la toma de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) en Metepec. La mujer explicó que su protesta busca el reconocimiento de su hija como víctima de desaparición forzada y tortura sexual presuntamente perpetradas por policías durante el Operativo Rastrillo del 31 de mayo de 2019 en Chimalhuacán.
Relató que su hija, de 12 años, fue separada de su padre por policías estatales, municipales y federales cuando regresaba de entrenar gimnasia y natación. La menor estuvo desaparecida cuatro días y fue encontrada con huellas de violación. La familia ha sido amenazada, hostigada y desplazada tras presentar la denuncia, incluso con ataques como balazos, golpes, destrucción de su vivienda y muerte de sus mascotas.
Sobre la toma de la CEAVEM, Irene negó haber ingresado a expedientes de otras víctimas. Aseguró que solo quemó basura en un momento de desesperación para impedir ser desalojada por la fuerza, y que su intención fue exigir el reconocimiento del caso de su hija y detener las difamaciones que aseguraban que su historia era falsa y sustraída de otra víctima.
Añadió que su relación con algunas colectivas se fracturó al negarse a aceptar reparaciones económicas antes de que se judicializara a los responsables, señalando que no aceptará dinero mientras los agresores permanezcan libres. La única persona en quien confía es Irinea Buendía, quien le ha brindado apoyo.
Irene reivindicó que también exige que la CEAVEM dé seguimiento a la recomendación 164/2024 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigida a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal y el municipio de Chimalhuacán. Aunque las autoridades municipales y de Seguridad aceptaron la recomendación, la fiscalía aún no lo ha hecho, por lo que pide justicia y castigo para los mandos y militares involucrados.
Su manifestación no buscaba apropiarse de la sede, sino instalar un plantón de exigencias. Rechazó ser infiltrada por el gobierno o haber recibido dinero por el caso, y enfatizó que su lucha es por la atención psicológica de su hija, justicia y la defensa de su dignidad, toda vez que aún vive desplazada tras amenazas, agresiones y la quema de su vivienda.
Finalmente, Irene afirmó que continuará protestando mientras no se haga justicia, pues su hija ha perdido su proyecto de vida y sufre cada noche. A pesar de las amenazas, aseguró que no se callará y que sus lágrimas valen más que cualquier intimidación.
