Decenas de exservidores públicos del Estado de México, en su mayoría jubilados del sector educativo y de salud, marcharon este martes desde el Monumento al Maestro hacia el centro de Toluca para denunciar un presunto fraude perpetrado por la empresa Grupo CIF, que ofrecía seguros funerarios mediante descuentos automáticos en nómina.
La protesta fue encabezada por miembros de la Asociación Civil Mexiquenses por la Transformación Social, quienes afirman que dicho esquema operó desde principios de los años 2000 con el respaldo de diversas instituciones estatales. Además, señalaron que el sistema se mantuvo en funcionamiento durante más de dos décadas, incluso después de que la empresa dejó de prestar los servicios ofrecidos.
Las dependencias mencionadas incluyen el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el Colegio de Bachilleres del Estado de México y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM).
Grupo CIF ofrecía paquetes que comprendían traslado, velación, cremación, trámites y gastos asociados al fallecimiento. Los manifestantes acusaron que la empresa fue impulsada por funcionarios públicos y figuras religiosas, entre ellas el expresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva.
Óscar Chávez Espinoza, representante de la asociación, detalló que la empresa desapareció en agosto de 2024, después de años de descuentos automáticos. Agregó que, además de cerrar operaciones, las oficinas en Toluca y Ciudad de México fueron desmanteladas sin notificación previa.
“El sistema continuó cobrando hasta marzo de 2025, aunque la empresa ya no existía. Las instituciones estaban enteradas, pero nadie detuvo los descuentos”, afirmó.
Se estima que en el Estado de México aproximadamente 150 mil personas fueron afectadas, y que el monto total defraudado podría superar los 3 mil 500 millones de pesos, con pagos individuales que variaron entre 10 mil y 40 mil pesos durante cuatro años.
Durante la movilización, los asistentes compartieron casos de jubilados que fallecieron recientemente sin haber recibido el servicio contratado. En al menos diez casos, las familias tuvieron que cubrir los gastos funerarios, pese a mantener vigente el contrato por décadas.
“Nos arrebataron el derecho a morir en paz”, expresó Chávez Espinoza, quien destacó que muchos afectados enfrentan problemas de salud o recursos limitados para contratar nuevos servicios funerarios.
Hasta ahora, la Asociación Civil Mexiquenses por la Transformación Social ha presentado cerca de 250 denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y también han detectado casos en la Ciudad de México y otros estados. No obstante, señalaron que los avances han sido lentos y que las personas adultas mayores enfrentan diversas dificultades para formalizar sus denuncias.
“Los hacen esperar horas, incluso con sillas de ruedas o tanques de oxígeno. Exigimos que la autoridad actúe conforme a derecho”, expresó Chávez Espinoza.
Los manifestantes solicitaron al gobierno estatal, a las dependencias involucradas y a los sindicatos que reconozcan la omisión en este caso y que se inicien procesos de reparación. También pidieron una alternativa que permita a las personas mayores descansar en paz cuando llegue su momento.