Maestros y funcionarios públicos de Toluca realizaron una marcha desde el Monumento al Maestro hasta el centro de la ciudad, para denunciar un presunto fraude en servicios funerarios contratados desde 2005 con la empresa Grupo CIF. Hasta mediodía, la avenida Lerdo, entre Juárez y Rayón, permaneció cerrada a la circulación, aunque el propósito no fue bloquear la ciudad, sino exigir atención a sus demandas.
Al llegar a Palacio de Gobierno, instalaron un plantón indefinido hasta que las autoridades estatales respondan a sus reclamaciones. Los manifestantes entregaron documentos, contratos y recibos de nómina que evidencian descuentos realizados en sus salarios, con la promesa de cobertura vitalicia para titulares, hijos menores de 25 años y cónyuges menores de 60 años. Aunque inicialmente el plan costaba 10 mil pesos, hoy su precio supera los 38 mil.
Óscar Chávez Espinosa, abogado e integrante de la Asociación Mexiquense de la Transformación Social, anunció que existen 280 denuncias penales por incumplimiento de contrato, algunas ya en proceso judicial. Además, indicó que el fraude se ha extendido a nivel nacional y que buscan apoyo para que más afectados puedan presentar denuncias.
Chávez Espinosa lamentó que, debido a estos fallos, muchas familias quedaron en situación vulnerable; narró el ejemplo de una maestra que falleció y permaneció tres días en el anfiteatro porque CIF no cumplió con el servicio, a pesar de tenerlo pagado.
La empresa, fundada a mediados de los años 2000, ofrecía un modelo de previsión funeraria basado en convenios sindicales con descuentos automáticos en nómina, expandiéndose en varias entidades del país. Sin embargo, denuncias públicas la vinculan con figuras políticas y empresarios, incluyendo al fallecido obispo Onésimo Cepeda, y aunque en un principio prometía planes integrales y vitalicios, con el tiempo se han acumulado señalamientos por incumplimiento.
En el Estado de México, varios maestros y burócratas informaron que, aunque continúan los descuentos en algunos casos, la cobertura efectiva dejó de existir. El movimiento exige la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como de la Secretaría de la Contraloría, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el gobierno federal, argumentando que el fraude tuvo alcance nacional.
También demandan investigar la participación de líderes sindicales y autoridades educativas, acusando que en algunos casos fueron obligados a adquirir estos planes. El plantón se mantendrá hasta recibir una respuesta formal, con la esperanza de que haya avances en las investigaciones y se compense a las familias afectadas. Los organizadores advirtieron que buscan sumar más afectados, ya que el caso lleva sin resolverse más de dos décadas.
