Representantes de la Coordinación Permanente Contra la Represión acusaron que en diversas regiones del país, la persecución y criminalización de estudiantes de nivel medio superior y superior han aumentado considerablemente.
En el marco del 57 aniversario de la masacre de Tlatelolco, a la que los manifestantes calificaron como genocidio, estudiantes de la coordinación señalaron que en localidades como Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México, las acciones de hostigamiento y ataques porriles se han intensificado.
Además, indicaron que tanto estudiantes como docentes organizados enfrentan sanciones, expulsiones y otros castigos, en medio de condiciones precarias y un clima de incertidumbre constante.
Cientos de manifestantes llegaron a la plancha del Zócalo para participar en la marcha, acompañados de colectivos y representantes de las normales, con demandas que incluyen la ruptura de relaciones diplomáticas entre México e Israel.
Desde la Plaza de la Constitución, la Coordinación resaltó que a los estudiantes no se les puede confinar, ya que la socialización y organización permanecen presentes en espacios presenciales. Este pronunciamiento surge en respuesta a la suspensión de clases en varios planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alegando amenazas difundidas en redes sociales.
Los representantes expresaron que ante la falta de prevención, atención a denuncias y la corrupción en las autoridades, las medidas adoptadas se resumen en control y vigilancia. Insistieron en que los espacios educativos y públicos deben ser lugares de libertad, donde las comunidades estudiantiles puedan definir sus propias estrategias de seguridad, libres de violencia y odio.
Un estudiante identificado como Martín, que también realizó un pronunciamiento respecto al homicidio en el CCH Sur de la UNAM, acusó a la rectoría de aprovecharse del temor en la comunidad para no proceder con acciones concretas.
Para abordar la problemática, Martín señaló que la UNAM debe implementar una atención integral en salud mental, mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores, ofrecer comedores subsidiados y garantizar un transporte digno para los estudiantes.
Este artículo refleja 16 años de experiencia escribiendo sobre temas capitalinos y las crisis que enfrentan las comunidades estudiantiles en México.
