Organizaciones ciudadanas de la Marea Rosa advirtieron que la reforma para elegir jueces, magistrados y ministros mediante voto popular representa una amenaza a la democracia, la autonomía judicial y la estabilidad institucional del país.
Durante el foro “Impacto de la Elección Judicial: Participación y Observación, Impacto en el Poder Judicial, Balance y Conclusiones”, realizado en la Ciudad de México, agrupaciones como Somos Mx, Frente Cívico Nacional, México Unido, Une México y Ahora coincidieron en que la propuesta del gobierno busca desmantelar el Poder Judicial para someterlo a los vaivenes políticos y electorales.
En el evento participaron especialistas como María Marván Laborde, exconsejera del IFE; Marco Baños, exconsejero del INE; y el constitucionalista Jorge Alcocer, quienes señalaron que el modelo planteado podría facilitar el financiamiento ilícito de campañas judiciales, la infiltración del crimen organizado y la destrucción de la profesionalización del sistema judicial.
“No es una democratización, es una captura del Poder Judicial”, aseguraron.
Marván Laborde alertó sobre la influencia de poderes fácticos, cuestionando cuántos candidatos podrían representar intereses ajenos a la justicia, no solo del crimen organizado, sino también de grandes empresas, medios de comunicación y telefónicas.
También advirtió que la reforma eliminaría requisitos técnicos y podría derivar en despidos masivos del personal capacitado en los tribunales, sin garantías de que los nuevos jueces no desconozcan o despidan a los actuales profesionales del sistema. “Ese es el drama”, enfatizó.
Marco Baños calificó la reforma como “una simulación impuesta por el oficialismo para controlar al Poder Judicial” y criticó que fue aprobada y puesta en marcha sin suficiente planeación técnica, presupuesto ni logística adecuada. Además, cuestionó la parcialidad de los comités de evaluación estatales y criticó el rediseño distrital por su improvisación.
“Una sola persona vinculada con el crimen organizado que llegue al Poder Judicial sería una tragedia para el país”, expresó.
Baños también rechazó el nuevo modelo de votación, calificándolo como una “regresión técnica”, y afirmó que las urnas y boletas harán inviable una votación ágil, segura y transparente.
Finalmente, criticó al Tribunal Electoral por avalar la reforma pese a las decenas de amparos presentados, señalando que el tribunal dejó de ser árbitro y ahora actúa como parte.
Los colectivos reafirmaron su compromiso con la defensa del Estado de Derecho y llamaron al Congreso a rechazar la iniciativa o a someterla a un debate técnico y plural.
“El país no necesita jueces electoreros, necesita justicia profesional e independiente”, concluyeron.