El panorama de inseguridad en Perú ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 20 mil denuncias de extorsión registradas en los últimos meses, lo que representa un incremento del 40% respecto al año anterior y refleja una crisis que afecta a diversas comunidades y sectores. En diferentes distritos de Lima y regiones del país, la rutina se ha visto alterada por llamadas amenazantes, mensajes intimidatorios y ataques armados, generando un clima de temor entre comerciantes, transportistas y familias enteras.
En una semana, al menos ocho incidentes han involucrado a distintos rubros económicos, desde pequeños empresarios hasta conductores del transporte público. La violencia no discrimina ocupaciones ni niveles socioeconómicos: se han reportado ataques con explosivos, amenazas telefónicas y cobros ilegales que parecen multiplicarse sin freno. La Policía ha evidenciado que, cerca de una persona cada 19 minutos convierte en víctima a alguien de forma directa de este delito.
El sector transporte figura entre los más afectados. En Carabayllo, un conductor fue herido con disparos junto a sus pasajeros, mientras que en San Martín de Porres, un gimnasio fue atacado con más de diez disparos, destruyendo sus ventanas. Los conductores y pasajeros temen por su seguridad y la de sus familias, lo que motivó a más de 15 mil transportistas a salir a las calles para exigir protección y denunciar la falta de una respuesta efectiva.
Hasta ahora, al menos 60 conductores y cobradores han sido asesinados por grupos criminales que controlan rutas, cobran cuotas y amenazan a quienes se resisten. Aunque se han realizado bloqueos de líneas telefónicas y operaciones policiales, las llamadas extorsivas continúan, muchas originadas desde penales del país.
La violencia y el temor también han alcanzado a figuras del espectáculo. La bailarina Deisy Araujo sufrió un ataque con explosivos en su domicilio tras negarse a pagar 50 mil soles a extorsionadores, situación que la llevó a limitar sus actividades cotidianas. Yuliana Rengifo, cantante, recibió amenazas con casi 30 mil soles en juego, junto con amenazas de atentados contra su familia, y ahora vive bajo protección constante. Estas historias evidencian que el delito no distingue fama ni escenario, y que los delincuentes extorsionan a quien puedan alcanzar.
En los mercados, la extorsión se ha vuelto una carga diaria. Una madre relata que ha recibido amenazas durante dos meses, obligándola a convertir cada jornada laboral en un riesgo personal y familiar, incluso temiendo que su hija no pueda despedirse de ella antes de salir. Muchos comerciantes prefieren guardar silencio por temor a represalias o cerrar sus negocios. La Policía calcula que el 80% de las llamadas extorsivas provienen de penales, lo que evidencia un grave déficit en el control penitenciario, a pesar del bloqueo de más de un millón y medio de líneas telefónicas vinculadas al crimen.
Mientras las víctimas claman por mayor seguridad, en el Congreso se discute una propuesta polémica: que los pagos por cupos puedan deducirse del Impuesto a la Renta. El diputado Gustavo Cordero, de la bancada Somos Perú, plantea esta medida para reconocer las pérdidas económicas de quienes se ven obligados a pagar bajo amenazas, una iniciativa que ha sido duramente criticada, pues muchos consideran que solo legitima a las mafias y normaliza la extorsión. Diversos sectores la califican como una burla en medio de la crisis de seguridad. La ciudadanía exige acciones más contundentes: se consideran declarar el estado de emergencia en algunas regiones y aplicar toques de queda para frenar la ola delictiva.
