Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) continúa con retrasos en la validación de las elecciones de magistrados de circuito y jueces de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha comenzado a recibir una gran cantidad de denuncias, quejas e impugnaciones con la intención de anular los resultados del pasado 1 de junio. Hasta este viernes a las 9 de la mañana, el TEPJF reportó 182 juicios de inconformidad, esperando recibir 87 más de las autoridades electorales correspondientes. Estas demandas, que seguirán llegando en los próximos días hasta concluir la validación en el INE, se han presentado a través de diferentes vías, incluyendo consejos distritales, consejos locales, el Consejo General del INE, plataformas en línea y directamente en el Tribunal. La mayoría de estas impugnaciones buscan revertir los resultados en los cómputos distritales o cuestionan las elecciones realizadas en diversas circunscripciones.
Un juicio de inconformidad, o JIN, es un mecanismo legal para disputar o solicitar la anulación de los resultados electorales. Durante los últimos días, candidatos que no obtuvieron el triunfo y grupos de la sociedad civil han denunciado irregularidades, acusan interferencias de actores políticos, una supuesta coordinación gubernamental para manipular el voto, así como la entrega de incentivos como acordeones para influir en la preferencia ciudadana, lo que sería una vulneración a la equidad del proceso.
El TEPJF, como instancia final en la resolución de estos conflictos, tiene un plazo legal para dictar resolución antes de la toma de posesión, programada para el 1 de septiembre. La fecha límite para resolver las impugnaciones es el 28 de agosto, aunque se espera que estas se resuelvan antes, como lo evidencian los primeros casos desechados en la semana.
Legalmente, las quejas, demandas y denuncias deben ser presentadas por los candidatos directamente afectados por los resultados, no por partidos políticos, actores o la sociedad civil en general. Sin embargo, las autoridades electorales aclaran que cualquier ciudadano puede presentar una demanda, la cual será admitida y tramitada, quedando en manos de los magistrados determinar si procede o no. Estos analizan la legalidad y la procedencia de las denuncias, pudiendo aceptar y resolver casos promovidos por quienes no son candidatos.
Hasta ahora, la mayoría de las impugnaciones recibidas provienen de candidatos perdedores, lo cual representa aproximadamente entre dos terceras partes y tres cuartas partes del total de denuncias presentadas.
