En el Estado de México, a pesar de contar con políticas contra el trabajo infantil, en 2022 el 8.85% de las 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes laboraban para apoyar la economía familiar, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del INEGI. La mayoría realiza estas tareas por necesidad, incluso en actividades peligrosas, sin garantizarles acceso a educación, alimentación o protección. La diputada local Ruth Salinas Reyes, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso mexiquense, calificó esta situación como ‘una nueva forma de esclavitud moderna’.
Salinas advirtió que en municipios del sur del Estado de México, colindantes con Guerrero y Michoacán, grupos delictivos cooptan a niños, quienes enfrentan miedo y en muchas ocasiones deben pagar cuotas por trabajar. La diputada destacó que esta problemática revela fallas estructurales del Estado para garantizar seguridad, educación y recursos económicos adecuados, además de señalar que la falta de un sistema de cuidados impulsa a las madres y padres sin apoyo a llevar a sus hijos a trabajar.
Para afrontar el problema, la legisladora insistió en la necesidad de que el Estado garantice escuelas de tiempo completo, guarderías y espacios seguros para la infancia. Por su parte, la historiadora María Elena Cruz Bahena explicó que el trabajo infantil persiste por condiciones estructurales como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades, y alertó que aunque las cifras hayan mostrado ligeras disminuciones, los factores causantes permanecen sin cambios. Cruz Bahena también advirtió sobre el riesgo de que menores sean víctimas de delitos como trata y explotación sexual, situaciones que, según ella, ‘se han salido de control’.
Itzel Arriaga Hurtado, profesora de la Facultad de Derecho de la UAEMéx, resaltó la importancia de realizar diagnósticos sociales regionales para crear estrategias efectivas. Aclaró que, si bien en algunos casos se permite que adolescentes trabajen en condiciones dignas, la línea con la explotación es delgada y muchas veces se cruza.
En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) analizó el presupuesto destinado a acciones para prevenir y erradicar esta problemática. En su informe ‘Trabajo infantil y gasto público’, señala que en 2023 se asignaron 93.7 millones de pesos a unidades responsables de estas tareas, una disminución real del 8.2% respecto a 2022. De los 101.7 millones presupuestados, solo el 58.6% fue utilizado, lo que refleja desafíos en la suficiencia y seguimiento de los recursos.
El CIEP explica que el trabajo infantil en México está fuertemente ligado a condiciones estructurales como la precariedad laboral, la falta de acceso a educación de calidad y las desigualdades sociales y económicas. Estas circunstancias afectan especialmente a niñas y niños en comunidades rurales e indígenas, donde la pobreza y la carencia de servicios básicos incrementan el riesgo de trabajo infantil desde edades tempranas.
Prevenir y eliminar el trabajo infantil no solo mejora la calidad de vida de los menores, sino que también evita costos futuros asociados a baja escolaridad, informalidad laboral, exclusión social y ciclos de pobreza. Por ello, el CIEP enfatiza en la necesidad de diseñar e implementar programas presupuestarios específicos que combatan de manera efectiva las causas estructurales de esta problemática, optimizando recursos y garantizando rendición de cuentas.
