Hasta el 24 de junio, según datos oficiales de organismos judiciales locales, la Judicatura Federal y organizaciones civiles, existen 63 mil 223 personas en prisión preventiva oficiosa sin sentencia definitiva. Este mecanismo, defendido por la presidenta Claudia Sheinbaum, será sometido a revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 5 de agosto.
La reciente reforma constitucional de 2024, que amplió el listado de delitos susceptibles a prisión automática durante las investigaciones, ha intensificado el debate público y legal. La modificación abarca ahora delitos como extorsión, producción de fentanilo y emisión de comprobantes fiscales falsos, sumándose a otros como homicidio, narcotráfico y secuestro.
Esta medida busca fortalecer la estrategia de seguridad del gobierno, argumentando que es esencial para evitar que los acusados evadan la justicia y para combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, ha generado críticas internacionales por considerarse incompatible con los estándares de derechos humanos.
Claudia Sheinbaum ha defendido la prisión preventiva oficiosa como una herramienta vital para garantizar la seguridad ciudadana y responder a las demandas sociales por justicia ante delitos que afectan gravemente a la población. Sin embargo, organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en 2023 ordenaron eliminar esta figura, considerando que viola la presunción de inocencia y el derecho a la libertad. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en 2024, también instó a México a priorizar alternativas como la prisión preventiva justificada, que requiere una evaluación judicial caso por caso.
En 2022, registros oficiales indican que el 41 por ciento de la población carcelaria estaba en prisión preventiva, lo que contribuyó a una sobrepoblación de 7 mil 75 internos. Además, la medida afecta mayoritariamente a poblaciones vulnerables, pues el 70 por ciento de los detenidos son de bajos recursos, y las mujeres enfrentan mayores desigualdades, según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
En el ámbito judicial, la SCJN se posiciona como un actor clave en este escenario. El próximo 5 de agosto, la Corte analizará la acción de inconstitucionalidad 49/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que cuestiona la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Algunos proyectos en discusión buscan limitar su aplicación, y precedentes como el de la jueza Martha Monroy, quien ha invalidado la medida por considerarla contraria a tratados internacionales, sugieren que la Corte podría declararla inconstitucional. En tal caso, sería necesario que el Congreso reforme el artículo 19, lo que supondría un golpe a las políticas de seguridad actuales.
Organizaciones como México Evalúa e Intersecta han señalado que no existe evidencia concluyente de que la prisión preventiva oficiosa reduzca la delincuencia. Datos de 2017 a 2018 muestran que, durante ese período, la tasa de víctimas de delitos aumentó un 5 por ciento, mientras que los imputados en prisión preventiva se incrementaron en un 34 por ciento.
