Durante la administración de Donald Trump, los mexicanos detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos enfrentaron una mayor probabilidad de ser recluidos en centros de detención mientras un juez decide sobre su estancia o deportación, en comparación con otras nacionalidades.
Según datos del Centro de Intercambio de Información sobre Registros Transaccionales (TRAC Immigration) de la Universidad de Syracuse, 57 de cada 100 mexicanos que iniciaron un proceso de deportación a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) permanecieron en un centro de detención durante su proceso en una corte migratoria. En contraste, solo 30 de cada 100 personas de otras nacionalidades fueron retenidas en similares condiciones.
El informe señala que la decisión de detener o liberar a un migrante durante el proceso migratorio es tomada por los oficiales de ICE, quienes tienen amplia discrecionalidad y cuya evaluación rara vez se revela. Lo que sí se sabe, afirmó TRAC Immigration, es que permanecer en custodia afecta severamente las posibilidades de acceder a documentos y recursos necesarios para apelar eficazmente una orden de deportación.
Durante julio, se registraron redadas masivas en centros de trabajo, tiendas departamentales y espacios públicos en EE.UU., que resultaron en la detención de miles de migrantes, en medio de la intensificación de las políticas migratorias del expresidente Donald Trump. En ese periodo, el gobierno estadounidense promovió además deportaciones voluntarias y aseguró que la frontera sur del país era la más segura en su historia.
A mediados de junio, el gobierno trumpista inauguró Alligator Alcatraz, un centro de alta seguridad en Florida para migrantes indocumentados, pero recientemente un tribunal federal ordenó su cierre en un plazo de 60 días.
El país también ha fortalecido acuerdos para deportar a migrantes a países terceros, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). México, por ejemplo, es el principal receptor de deportados, mientras que países como El Salvador, Costa Rica, Panamá, Sudán del Sur, Uganda y Rwanda también acogen a migrantes en instalaciones penitenciarias.
En el ámbito legal, las deportaciones a países terceros han sido objeto de apelación y bloqueos en tribunales estadounidenses. El 2 de septiembre, un tribunal federal impidió el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos considerados presuntos miembros del Tren de Aragua.
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