El Operativo Liberación, iniciativa conjunta del Gobierno Federal y el Estado de México para recuperar el control en zonas afectadas por la delincuencia organizada, requiere un sólido respaldo jurídico y acciones sostenidas en el tiempo para lograr resultados duraderos, afirmó Maurilio Hernández González, presidente de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura local.
En entrevista previa a la sesión permanente, el legislador resaltó que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de fortalecer el marco legal en materia de seguridad pública en el Estado de México, con el objetivo de mejorar la eficacia de las acciones de las autoridades, principalmente las estatales.
‘En nuestro ámbito podemos y debemos perfeccionar las leyes para que las instituciones tengan más solvencia en su labor. Como se dice coloquialmente: que tengan más dientes para actuar’, señaló.
Hernández González manifestó que el Operativo Liberación, que cuenta con el respaldo de la Mesa de Construcción de la Paz—integrada por autoridades federales, estatales y municipales—envía un mensaje claro a la ciudadanía de que las autoridades actúan con decisión contra el crimen. Sin embargo, advirtió que no debe considerarse como una solución momentánea o aislada.
‘No puede ser un asunto de coyuntura, sino una acción sostenida y consistente. Para ello, es fundamental contar con soporte jurídico y legal, y para eso estamos nosotros’, reiteró el legislador, asegurando que el Congreso está dispuesto a acompañar institucionalmente estas estrategias dentro de sus competencias legislativas.
Asimismo, destacó que la violencia y la criminalidad en diversas regiones del Estado de México, como el sur, el Valle de México o el Valle de Toluca, tienen raíces estructurales que no se solucionarían únicamente con presencia policial o intervenciones militares. Por ello, urgió a complementar la estrategia de seguridad con acciones integrales que aborden las causas sociales de la violencia.
‘Para reducir estos delitos, se debe resolver el problema de raíz. La principal causa es la falta de oportunidades en aspectos como seguridad, educación y empleo’, manifestó.
Agregó que atacar solo los efectos—los delitos en sí—puede dar resultados inmediatos, pero limitados en el tiempo. En cambio, si se enfrentan las causas profundas, como el abandono institucional, la marginación y la falta de desarrollo, se logrará una solución más duradera.
Finalmente, Hernández González expresó que desde la LXII Legislatura hay plena disposición para colaborar en la armonización de las leyes locales con el marco normativo federal en seguridad, y en la revisión y reforma de leyes que aumenten la eficacia de las instituciones encargadas de garantizar paz y legalidad en la entidad.
Cabe señalar que actualmente se ha establecido que los titulares de las direcciones de seguridad pública municipal deben contar con un título universitario y una certificación en mando en seguridad pública, expedida por la Universidad Mexiquense de Seguridad. Además, se requiere que estos funcionarios se sometan y aprueben evaluaciones de certificación y confianza, diseñadas y aplicadas por el Centro de Control de Confianza del Estado de México.
