De los aproximadamente 2,800 organismos operadores de agua en México, incluyendo 125 en el Estado de México, menos de una veintena y ninguno en el territorio mexiquense logran ser económicamente autosuficientes, lo que equivale a menos del 1%. En entrevista con Federico Casares, director general de Aguas, Servicios e Inversiones de México (ASIM), se destacó que en los niveles municipal y descentralizado, existe una dependencia casi total de subsidios gubernamentales y una incapacidad estructural para reinvertir en infraestructura que garantice el abasto y saneamiento del agua.
Casares explicó que esta inviabilidad financiera se debe a múltiples factores, entre los que destaca la pérdida masiva de agua en los sistemas de distribución —en el Valle de México, hasta un 40% del agua bombeada desde el Sistema Cutzamala se pierde antes de llegar a los usuarios—. Esta pérdida física, atribuida a fugas en redes obsoletas de los años 60 y 70, se combina con la falta de medición confiable en los domicilios y la proliferación de tomas clandestinas, que roban agua sin ser contabilizadas ni pagadas.
El directivo señaló que esta situación genera un doble efecto: una escasez física del recurso y una pérdida significativa de ingresos para los operadores, quienes deben costear la bombeo y potabilización del agua sin recibir el pago correspondiente. Como resultado, la mayoría de los organismos de agua se encuentran en un estado de 'quiebra financiera', dependiendo en exceso de participaciones federales y estatales, lo que limita su capacidad para realizar inversiones en infraestructura.
Además, las tarifas de agua, muchas veces establecidas por decisiones políticas en lugar de criterios técnicos, no cubren los gastos operativos ni permiten el mantenimiento y expansión de los sistemas. La infraestructura hídrica en el país, en su mayoría antigua y sin modernización, no ha podido seguir el ritmo del crecimiento urbano, agravando problemas como inundaciones en temporadas de lluvias atípicas y sequías prolongadas.
Casares puntualizó que la falta de infraestructura adecuada para captar y almacenar agua pluvial, priorizando el desalojo en lugar del aprovechamiento, refleja una gestión deficiente. Proyectos como el Túnel Emisor Oriente, aunque necesarios para el drenaje, ilustran esta priorización de infraestructura que no favorece el uso sustentable del agua.
A nivel nacional, estima que el 40% del agua se pierde en fugas como promedio, en algunas zonas aún más. La eficiencia en facturación y cobro también es deficiente, impidiendo recuperar costos reales del servicio. En el Estado de México, que abastece a la zona metropolitana incluyendo la Ciudad de México, operan 16 plantas potabilizadoras y 129 plantas de tratamiento, demandando recursos importantes que no han sido suficientes para modernizar los sistemas.
Se propone que la digitalización y la gestión en tiempo real, mediante tecnologías para detectar fugas y fallas, podrían optimizar el servicio y reducir pérdidas. El Plan Hídrico Nacional 2025-2030 contempla una inversión de 123 mil millones de pesos, con 50 mil millones asignados al Estado de México, pero las demandas siguen superando la inversión.
Para mitigar la dependencia de fuentes tradicionales, se consideran estrategias como el reúso potable de aguas residuales tratadas y la recarga de acuíferos. Además, la regulación de los pozos, con sistemas de medición en tiempo real, busca frenar la extracción ilegal de agua, particularmente en el ámbito agrícola, que consume aproximadamente el 75% del recurso en el país, muchas veces de forma ineficiente por métodos tradicionales.
Finalmente, Casares resaltó que proyectos como el rescate del Río Lerma son viables, pero su éxito requiere voluntad política sostenida más allá de los sexenios. La constante reiniciación de proyectos y la falta de continuidad en políticas públicas y en las inversiones reflejan la urgencia de una transformación profunda en la gestión del recurso más vital para México.
