El mercado negro de aretes de ganado para su tráfico ilegal en la frontera sur de México alcanzó una estimación de aproximadamente 360 millones de pesos, lo que impacta tanto a los productores ganaderos del país como a la Hacienda Pública. Además, pone en evidencia la posible complicidad entre autoridades, asociaciones ganaderas y crimen organizado, alertó Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
López Ríos solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue el trasiego ilegal, el cual, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), involucra alrededor de 800 mil cabezas de ganado que ingresan de manera ilícita a México.
El dirigente explicó que mientras un arete oficial, certificado por el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), tiene un costo entre 40 y 50 pesos mexicanos (aproximadamente US$2.50), los que se comercializan en el mercado negro pueden venderse entre 400 y 700 pesos (US$20 a US$35).
En 2017, la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) implementó la emisión de aretes amarillos oficiales en centros autorizados y uniones ganaderas. Esta medida permite identificar la procedencia, propietario, ubicación y destino de los animales, así como mantener un registro preciso del ganado y las áreas bajo su control.
López Ríos lamentó que la reducción del presupuesto en un 42 por ciento haya afectado la capacidad del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para supervisar y asegurar la sanidad e inocuidad del sector agroalimentario. Por ello, llamó al Poder Legislativo a incrementar los recursos para que Senasica pueda reactivar la Planta Productora de Moscas Estériles en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cerrada en 2013, con el fin de combatir la propagación del gusano barrenador que obstaculiza la exportación de ganado hacia Estados Unidos.
Finalmente, la UNTA hizo un llamado al Congreso para asignar fondos a Senasica, con el objetivo de construir una nueva planta productora de mosca estéril en el país, como parte del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa). Esta medida es fundamental para contener la expansión del gusano barrenador en el sur del país, ante la disminución significativa en el presupuesto del organismo, que ha limitado su capacidad de cumplir con funciones de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria.