El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su rechazo y pesar por la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas tras el otorgamiento de asilo político a Betssy Chávez Chino, ex primera ministra y exfuncionaria del expresidente Pedro Castillo.
En un comunicado emitido el 3 de noviembre, la SRE afirmó que la concesión del asilo a Chávez se realizó en pleno cumplimiento del derecho internacional, específicamente conforme a la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954), en la que México y Perú son Estados Parte.
El documento enfatiza que el asilo político es un acto legítimo y humanitario, y que no debe ser interpretado como una acción hostil o una intervención en asuntos internos de otro país. "México lamenta y rechaza la decisión del Perú, que considera excesiva y desproporcionada, pues se basa en una interpretación errónea del derecho de asilo y desconoce los principios de protección humanitaria que rigen la política exterior mexicana", señala el comunicado.
La SRE explicó que la solicitud de asilo fue analizada cuidadosamente y en estricto apego a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, además de respetar el procedimiento legal y el artículo 11 de la Constitución mexicana, que garantiza el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo por motivos políticos.
Asimismo, el gobierno mexicano recordó que Betssy Chávez denunció haber sido víctima de persecución política y violaciones a sus derechos humanos desde su detención en 2023. En este contexto, México actuó en línea con su tradición humanitaria y compromiso con los derechos humanos, como ha ocurrido en casos anteriores.
La Cancillería destacó que, según la Convención de Caracas, únicamente el Estado asilante tiene la facultad de calificar la naturaleza de la persecución que motiva el asilo, y que su decisión debe ser respetada por las demás naciones parte.
El comunicado también señala que el otorgamiento del asilo no debe considerarse un acto hostil, en línea con la práctica internacional respaldada incluso por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ello, califican la ruptura diplomática de Perú como una respuesta desproporcionada y contraria a los mecanismos de diálogo regional.
A pesar de la tensión generada, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que México continuará defendiendo su vocación humanista y su política de puertas abiertas a personas perseguidas por razones políticas. "Reafirmamos nuestro compromiso de proteger a quienes sufren persecución y nuestra disposición al diálogo y la solución pacífica de controversias", comentó el gobierno.
Al concluir, el documento expresó el respeto y aprecio de México por el pueblo peruano, recordando los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones, y esperando que, con el tiempo, se pueda restablecer la normalidad diplomática.
La ruptura de relaciones ocurre en un contexto de tensiones políticas que comenzaron en 2022, cuando México, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, no reconoció a Dina Boluarte como presidenta legítima del Perú, calificando su gobierno de "usurpador". En ese mismo periodo, México concedió asilo a la familia de Pedro Castillo, lo que profundizó el distanciamiento diplomático, que ahora se ha agravado.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia mexicana, la postura oficial se ha mantenido constante. La mandataria ha reafirmado que su gobierno no modificará su apoyo a Pedro Castillo y seguirá defendiendo los principios de soberanía, no intervención y autodeterminación de los pueblos, una política que, desde 2022, se ha alineado con la posición del gobierno de López Obrador.
