La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó su profunda inconformidad ante la decisión del gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México tras la concesión de asilo a Betssy Chávez Chino, exprimera ministra peruana. En un comunicado oficial, la cancillería señaló que dicha medida es unilateral, desproporcionada y contraria a los principios del derecho internacional.
El gobierno mexicano aclaró que la protección a Chávez fue otorgada en estricta conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, conocida como la Convención de Caracas, en la cual ambos países están inscritos. Según este marco legal, corresponde únicamente al país que concede el asilo determinar si la persecución política justifica la protección diplomática.
Betssy Chávez, quien fue jefa del gabinete durante el gobierno de Pedro Castillo, ha denunciado desde 2023 violaciones sistemáticas a sus derechos humanos tras su detención, asegurando que enfrenta una persecución de carácter político. En este contexto, México decidió evaluar su solicitud conforme al artículo 11 de su Constitución y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, concediéndole protección.
La SRE recordó que la Asamblea General de la ONU ha declarado que el asilo no debe interpretarse como una acción hostil entre Estados, y que la respuesta del gobierno peruano carece de fundamento diplomático. México sostuvo que su decisión no constituye una intervención en los asuntos internos de Perú, sino un ejercicio legítimo de la tradición humanitaria que ha caracterizado su política exterior por décadas.
El comunicado destacó que México mantiene su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de personas perseguidas por motivos políticos, principios que guían su actuación internacional desde principios del siglo XX. A pesar de las tensiones, la cancillería reafirmó su disposición al diálogo y la resolución pacífica de controversias.
El desencadenante de la ruptura fue la situación judicial de Betssy Chávez, acusada en Perú por presunta participación en el intento de autogolpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Considerada cercana al expresidente, las autoridades peruanas la vinculan con una red que habría buscado quebrar el orden constitucional.
México reiteró que su decisión busca proteger la integridad de Chávez y no emitir juicios políticos sobre la situación en Perú. Finalmente, la SRE subrayó que los lazos históricos entre ambas naciones no deben reducirse a un conflicto coyuntural y llamó a reconsiderar la ruptura para mantener y fortalecer la relación entre los pueblos de México y Perú.
