El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó este jueves las declaraciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) que sugieren una práctica generalizada o sistemática de desapariciones en el país. La cancillería afirmó que dichas afirmaciones carecen de fundamentos.
“La desaparición de personas es un delito grave que se enfrenta en México mediante una política de Estado centrada en la prevención, investigación y sanción”, indicó la dependencia, dirigida por Juan Ramón de la Fuente, un día después de que el Comité presentara sus evidencias ante la Asamblea General de la ONU.
La SRE reafirmó que México mantiene una postura de apertura al escrutinio internacional, como refleja la ratificación de todos los Tratados de Derechos Humanos y las declaraciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada.
La cancillería resaltó también que ha sostenido un diálogo permanente con el CED en relación con el procedimiento establecido en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, anunciado en abril pasado, y puntualizó que dicho mecanismo debe basarse en criterios objetivos definidos en la misma convención.
Por otro lado, el gobierno aclaró que las desapariciones forzadas en México están, en su mayoría, vinculadas a la delincuencia organizada. Por ello, ha implementado una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, además de fortalecer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Asimismo, destacó que las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas se han fortalecido, y que se han desarrollado nuevas herramientas para mejorar la coordinación interinstitucional. También se mantiene un diálogo constante y constructivo con familiares y colectivos de víctimas, reflejando el compromiso del Estado con la verdad, justicia y reparación integral.
El gobierno reiteró que la cooperación internacional es fundamental en las relaciones entre órganos de tratados y Estados, y fue enfático en que México continúa comprometido con la protección de los derechos humanos y la lucha contra la desaparición forzada.