El 31 de enero de 2026, las autoridades migratorias de Colombia rechazaron el ingreso de dos ciudadanos estadounidenses en Bustos, debido a indicios de implicación en actividades de turismo y explotación sexual. La intervención se dio tras recibir reportes internacionales, reportes sobre comportamientos sospechosos y la grabación sin autorización de una menor de edad durante un vuelo desde Panamá, en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y Migración Colombia.
Durante la inspección en el aeropuerto, los agentes detectaron en el equipaje de los viajeros varios paquetes con lencería femenina, que ambos admitieron serían utilizados con fines de explotación sexual. Como resultado, se aplicó la medida administrativa de inadmisión y se negó su entrada al país. La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, enfatizó que la institución mantiene una política de 'tolerancia cero' contra el turismo sexual y la trata de personas, priorizando la protección de menores, mujeres y grupos vulnerables.
Solo durante 2025, más de 100 extranjeros, en su mayoría estadounidenses, fueron deportados tras activar alertas internacionales y coordinar esfuerzos en vigilancia y prevención contra delitos sexuales y trata de personas en el país.
Por otra parte, las autoridades colombianas reforzaron la seguridad en Bogotá tras la captura de un ciudadano venezolano en Suba. El individuo, en situación migratoria irregular desde 2021, fue detenido en el barrio Prado Veraniego luego de que se hiciera viral en redes sociales por amenazas y amenazas en redes sociales, además de tener antecedentes por porte de armas y consumo de sustancias ilícitas.
El operador policial explicó que el hombre fue ubicado gracias a un operativo conjunto de Migración Colombia, Policía Nacional y Secretaría de Seguridad, y que su captura se dio en una investigación que reveló que también había cometido varios hurtos en la zona. La Secretaría de Seguridad de Bogotá recordó que durante 2025, la ciudad registró una disminución en delitos de hurto, con una reducción del 12% en comparación con 2024, apoyada en el uso de cámaras de vigilancia y mayor presencia policial.
Las autoridades afirmaron que estos esfuerzos reflejan el compromiso del gobierno colombiano para garantizar la seguridad ciudadana y proteger a las comunidades de conductas delictivas.
