El Gobierno de España anunció que los migrantes que se acojan al proceso de regularización extraordinaria no podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) hasta haber residido legalmente en el país durante un año completo. La medida, informada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca establecer criterios claros para el acceso a esta prestación social destinada a prevenir la pobreza y la exclusión social. Aunque el proceso de regularización aún está en etapas iniciales, las personas que obtengan su residencia legal deberán demostrar una residencia en España ininterrumpida por al menos un año para poder solicitar el IMV, además de acreditar vulnerabilidad económica mediante factores como ingresos, patrimonio y composición familiar. Los migrantes en situación irregular continúan sin acceso a esta ayuda, pero podrán trabajar desde el primer día en cualquier sector del país, promoviendo su integración laboral y social. Según datos del Ministerio, en enero pasado el IMV benefició a casi 800,000 hogares, atendiendo a más de 2.4 millones de personas, con una media de ingreso mensual de 546.8 euros por hogar. La cuantía del IMV se calcula como la diferencia entre una renta garantizada que en 2026 será de 733.6 euros y los ingresos reales, con un mínimo de 10 euros mensuales. La edad promedio de los beneficiarios es de 28.4 años, y el 53.4% son mujeres. Entre los beneficiarios, 139,712 son migrantes extranjeros, mientras que 658,343 tienen nacionalidad española. Para acreditar la residencia legal, los solicitantes pueden presentar documentación como el certificado de empadronamiento, el libro de familia o registros del padrón municipal, y deben cumplir también con los requisitos de vulnerabilidad económica establecidos por el gobierno.
