Aunque Morena desistió y eliminó el controversial artículo que permitía al Ejecutivo ordenar el bloqueo de plataformas digitales, mantuvo intactos otros apartados preocupantes en su reforma en materia de telecomunicaciones, que amplían significativamente el control del Gobierno. Entre ellas destacan el acceso a la geolocalización, grabaciones y mensajes en tiempo real de usuarios, además de la creación de un nuevo padrón telefónico.
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, será discutido en comisiones del Senado este viernes y podría ser votado en el pleno el sábado. Expertos y opositores advierten que esta propuesta establece un marco legal que posibilitaría una vigilancia masiva sin controles efectivos.
El artículo 109, que permitía a la Agencia Digital solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales, fue eliminado tras presiones de organizaciones civiles y académicos, quienes lo calificaron como un mecanismo de censura sin necesidad de orden judicial. Sin embargo, los artículos 182 y 183 mantienen medidas que facilitarían un control digital de los usuarios de telefonía por parte del Estado, trasladando a las operadoras un papel similar al de agencias de espionaje.
El artículo 182 obliga a concesionarios y proveedores a entregar a las autoridades, mediante orden escrita, cualquier información solicitada —como llamadas, mensajes, datos personales y registros—. Además, las dependencias de seguridad deberán designar funcionarios responsables para gestionar dichas solicitudes y hacer públicas estas designaciones en el Diario Oficial.
Por otro lado, el artículo 183 establece la obligación de colaborar con la geolocalización en tiempo real de teléfonos móviles y de conservar registros detallados de las comunicaciones, incluyendo:
- Nombre y domicilio del usuario
- Tipo de comunicación (voz, datos, SMS)
- Números de origen y destino
- Fecha, hora y duración de las llamadas
- Estación base desde la cual se activó el servicio
Estas medidas aplicarían a todas las líneas, incluyendo las de prepago, lo cual, según analistas, recuerda el fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), invalidado en 2022 por la Suprema Corte por violar derechos a la privacidad.
El dictamen contempla sanciones penales para las concesionarias que incumplan estas obligaciones. La nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano del Ejecutivo que reemplaza al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), será la encargada de emitir los lineamientos técnicos para garantizar una colaboración efectiva con las autoridades.
Uno de los puntos más polémicos es el artículo transitorio Trigésimo, que ordena a la Comisión emitir, en un plazo máximo de 120 días hábiles, lineamientos para identificar todas las líneas móviles activas en el país. Aquellas no vinculadas a un usuario plenamente identificado serán suspendidas y solo podrán realizar llamadas al 911.
Pese a retirar el denominado “apagón digital”, el esquema propuesto mantiene un nivel de vigilancia considerado intrusivo, opaco y sin garantías judiciales suficientes. Morena y sus aliados buscan aprobar esta reforma durante el periodo extraordinario de sesiones, en un contexto donde aumenta la preocupación por los derechos a la privacidad y la protección de datos personales.
