Un motín ocurrido este jueves en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, ubicada en Ciego de Ávila, Cuba, llevó a la intervención de fuerzas policiales que emplearon balas de goma, gas pimienta y fuerza física para controlar a los internos. La organización Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) confirmaron la situación y señalaron que la protesta fue motivada por denuncias de hambre, malos tratos y un descontento generalizado con el régimen cubano.
Según testimonios recogidos por estos colectivos, un recluso de Canaleta explicó que reforzamientos policiales acudieron a la cárcel y usaron diversos métodos de violencia para contener el motín. La organización Prisoners Defenders difundió en redes que los presos exigían libertad para Cuba, mientras que el CDPC reportó informes de muertes durante la represión, información que hasta ahora no ha sido confirmada de forma independiente.
El CDPC, con sede en México, ha documentado en recientes reportes la gravedad de la situación en las cárceles cubanas, señalando que entre marzo 2024 y marzo 2025 se registraron al menos 60 muertes en centros penitenciarios, en su mayoría relacionadas con falta de atención médica, deterioro físico y mental, y episodios violentos. Además, la organización reportó 1,330 violaciones a los derechos humanos en las cárceles, entre ellas hostigamiento, violencia, negación de atención médica, condiciones insalubres y insuficiencia alimentaria.
Prácticas como el aislamiento prolongado, traslados punitivos y trabajo forzado, además del uso de torturas físicas como la cama turca y la bicicleta, han sido denunciadas reiteradamente por el CDPC. La prisión de Canaleta presenta problemas estructurales severos, incluyendo hacinamiento, insalubridad, deficientes condiciones alimenticias y atención médica precaria, agravando el sufrimiento de los internos, en especial de aquellos considerados presos políticos.
Prisoners Defenders mantiene un registro de 1,207 presos políticos en Cuba y sostiene que la represión busca controlar no solo las cárceles sino también limitar las expresiones disidentes tanto dentro como fuera de ellas.
Durante el motín, los reclusos pidieron mejores condiciones de vida y cambios en la gestión de la cárcel. El CDPC advierte que estos eventos reflejan un patrón prolongado de negligencia y maltrato, con consecuencias graves, incluyendo muertes y un aumento en la vulnerabilidad de los detenidos. La organización criticó en sus informes recientes las prácticas de aislamiento, traslados punitivos, trabajo forzado y métodos de tortura que aún persisten en el sistema penitenciario cubano.
La falta de cifras oficiales sobre víctimas fatales mantiene la preocupación entre familiares y defensores de derechos humanos, quienes reiteran la necesidad de una investigación independiente y el cese de las prácticas represivas en los centros penitenciarios de Cuba.
